Repsol inicia la petición de un arbitraje internacional por la nacionalización de YPF

Efe MADRID

FIRMAS

Se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral

15 may 2012 . Actualizado a las 19:41 h.

Repsol ha remitido una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51 % de YPF, con lo que la petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional.

A partir de ahora, se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Aunque Repsolno descarta emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos.

Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que sea condenada a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta ahora, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10.500 millones de dólares (unos 8.170 millones de euros).

El Gobierno de Cristina Fernández decidió nacionalizar el 51 % de YPF pero esta actuación sólo afecta a las acciones en manos de Repsol. Según la compañía española, esta operación vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina, por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi.

Este tipo de tratados, añade la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior.

En estos acuerdos, suscritos principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro «más neutral» que el que dan los tribunales del país que adopta medidas que perjudican a inversiones extranjeras.

En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización «adecuada y sin demora».