El Gobierno desoye las peticiones de flexibilidad e impone a las autonomías un límite de déficit del 1,5%
FIRMAS
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el acceso al mecanismo financiero dotado con 35.000 millones para pagar a proveedores
07 mar 2012 . Actualizado a las 01:06 h.El Gobierno desoyó las peticiones de flexibilidad lanzadas por varias comunidades autónomas -sobre todo Andalucía y Cataluña- e impuso a los ejecutivos regionales un objetivo común de déficit del 1,5% del PIB para 2012. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que los objetivos fijados son inamovibles y «lamentó» los obstáculos planteados por los territorios descontentos. Es momento, afirmó Montoro, de lanzar un mensaje «claro» de que «todas las administraciones están comprometidas con la corrección del déficit».
De poco sirvió a los responsables de las finanzas andaluzas y catalanas quejarse antes de la reunión de la dureza del escenario de consolidación fiscal planteado, ni apelar de forma velada a una eventual quiebra del estado de bienestar. El voto en contra de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, y las abstenciones de sus homólogos de Cataluña y Canarias, Andreu Mas-Colell y Javier González Ortiz, no impidieron el acuerdo global que compromete a todos los territorios a acometer un ajuste de 15.000 millones de euros para reconducir su déficit desde el 2,9% registrado al cierre de 2011 hasta el 1,5% fijado para este ejercicio. Es la parte que les toca a las comunidades del gigantesco ajuste de 29.000 millones que tendrá que realizar todo el sector público para reducir sus actuales números rojos, que alcanzan al 8,51% del PIB.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya había avisado al inicio de la reunión de que no daría a las comunidades facilidades adicionales para afrontar el ajuste. El único paño caliente será la puesta en marcha del nuevo mecanismo financiero que permitirá a las autonomías acceder -junto a los ayuntamientos- a préstamos por un importe total de 35.000 millones para saldar deudas pendientes con proveedores. Acceder a esa facilidad obliga a cumplir los objetivos fijados y a presentar los correspondientes planes de saneamiento.
Montoro aseguró que el Gobierno «lamenta» la oposición del Gobierno de Andalucía, que atribuyó a la estrategia del gabinete que preside José Antonio Griñán de cara a las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo. A su juicio, «Andalucía está votando contra la austeridad necesaria para salir de esta crisis y crear puestos de trabajo». «Y no valoramos positivamente», añadió, la abstención de Cataluña. En todo caso, el Ejecutivo calificó el resultado global de la reunión de «muy positivo» y apeló a la responsabilidad de los territorios díscolos.
Fijado el objetivo común, corresponde ahora a las comunidades decidir dónde meten la tijera para acometer el ajuste. El responsable de Hacienda rechazó recetar medidas concretas para llegar al 1,5% de déficit pactado. Avanzó, no obstante, que existe un grupo de trabajo en el seno del CPFF que se ocupa de analizar toda la gama de servicios a cargo de las administraciones autonómicas y las reformas que pueden poner en marcha.
El ministro afirmó que todos los gobiernos autonómicos «saben perfectamente lo que han de hacer en casa». Y subrayó que no era «materia» de la reunión dictar qué partidas sufrirán las peores consecuencias de la austeridad fiscal. También rechazó las quejas de los consejeros que aseguran que debe de ser el Estado el que asuma el mayor recorte. «Es un debate inútil e ineficaz», señaló Montoro, porque «la desviación está donde está», dijo en alusión velada a las comunidades.
Mecanismo financiero
En lo que sí hubo unanimidad fue en la puesta en marcha del mecanismo financiero para pagar a proveedores. Esta facilidad, similar a la ya aprobada hace la semana pasada en Consejo de Ministros para los ayuntamientos, obliga a todas las regiones a solicitar su inclusión antes del 1 de abril y a remitir antes del 15 de ese mes el listado de las facturas pendientes de pago emitidas antes del 31 de diciembre de 2011.
Después, los territorios tendrán hasta el 30 de abril para enviar a Hacienda sus planes de ajuste, que deberán recibir el visto bueno del Ministerio antes del 15 de mayo.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó que el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar las facturas a partir de esa última fecha. En el caso de los ayuntamientos, el día previsto para la puesta en marcha del mecanismo es el 1 mayo. Esta facilidad se suma a la línea ICO de 15.000 millones acordada en el anterior CPFF para inyectar liquidez a los ejecutivos regionales. «Está viva, pero hay otro mecanismo que nace con una vocación más global y más eficiente», resaltó Montoro.