Erdogan la califica de racista y pide que se repare el error
25 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Las relaciones entre Francia y Turquía pasan por sus peores momentos tras la aprobación definitiva por el Parlamento galo de una ley que penaliza con la cárcel la negación del genocidio armenio. La medida tiene claros tintes electoralistas: pretende captar el voto del medio millón de electores de origen armenio de cara a las presidenciales y legislativas de la primavera.
Ankara congeló toda cooperación política y militar con París el 22 de diciembre, cuando los diputados dieron luz verde al texto legal en primera lectura. Las manifestaciones antifrancesas se suceden desde entonces en las principales ciudades turcas, mientras la prensa anima al boicot de los productos galos.
Turquía reconoce que medio millón de armenios fueron asesinados en Anatolia entre 1915 y 1917, pero rechaza de plano el término genocidio. La comunidad armenia estima la masacre en millón y medio de víctimas.
La nueva ley equipara penalmente la negación de este genocidio al cometido por los nazis. Quien rechace su existencia puede ser castigado con una multa de 45.000 euros y pasar un año en prisión.
El Senado aprobó la ley el lunes por la noche mientras turcos y armenios se manifestaban por separado en el exterior. Desde ayer, el ministro de Asuntos Exteriores se esfuerza por tender puentes con Ankara. Alain Juppé calificó de inoportuna la iniciativa, apoyada personalmente por Nicolas Sarkozy, y llamó a sus «amigos turcos a mantener la sangre fría».
Recurso al Constitucional
Y el primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, moderado ante su Parlamento, dijo esperar aún que «París repare su error», lo que podría retrasar las sanciones hasta que el Consejo Constitucional galo decida. El diputado de la conservadora UMP Jacques Myard intenta convencer a 60 parlamentarios para que firmen el recurso de inconstitucionalidad. Está de acuerdo con lo dicho ayer por Erdogan: que esta ley es «discriminatoria y racista».
El nuevo texto, que entrará en vigor tras su publicación dentro de quince días, ha suscitado divisiones en los dos partidos mayoritarios -conservadores y socialistas-, que sin embargo votaron conjuntamente a favor de la ley.