Hayek fue el Nobel en economía del pasado siglo que quizás más confiaba en la mano invisible del mercado. En su día fue reclamado en la London Schooll y en Chicago para saldar cuentas con Keynes y otros (como Einstein) que, según él, tenían la fatal arrogancia de suponer que el Estado podría encargarse con fortuna de construir un Estado de bienestar o una insólita economía social de mercado.
Su convicción lo llevó a manifestar, en los pasados años noventa, lo que sigue: «Tengo la teoría de que todos los economistas que entran al servicio del Gobierno acaban por corromperse solo por eso». Este mismo riesgo parecen compartirlo un selecto grupo de miembros de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). El día anterior a que los economistas, ahora ministros, Luis de Guindos o Cristóbal Montoro analizasen la posición del Ejecutivo sobre una inminente reforma laboral, presentaron un manifiesto para evitar que cometiesen el mismo error que otros Gobiernos anteriores.
El error, según ellos, consiste en no tocar los privilegios de unos (empresas grandes y trabajadores protegidos) mientras nueve millones de personas (parados, precarios, pequeñas empresas, emprendedores) sufren los daños de aquellos privilegios.
Nuestros economistas enfatizan la gravedad actual del asunto como parte del drama recurrente del paro insostenible cada vez que tiene lugar una recesión. Me causa cierta sorpresa tal eufemismo por parte de científicos que colaboran en una fundación (que edita en su web www.fedea.es el manifiesto) que tiene por patronos a las principales instituciones financieras y empresariales del país. Instituciones que, como todo el mundo sabe, son en todo punto ajenas a que ese drama exista, sea recurrente y para muchas personas insostenible.
Con todo, resulta paradójico su inicial desplante a las grandes empresas (que son sus patrocinadoras) hasta que uno se entera de que sus propuestas quieren que el Estado deje de impedir que el coste del despido sea función directa de la antigüedad y de que los salarios se fijen empresa por empresa. Propuestas para que despedir sea más barato y para que se trabaje por lo que el empresario individual quiera. O sea, que sus patrocinadores y amigos se ahorren una pasta. Competir en costes y darwinismo social.
Sosteniendo tales ideas, e intereses, lo único que realmente sorprende es que buena parte de los firmantes mantengan su condición de altos funcionarios del Estado y hayan sido capaces de resistirse -hasta ahora- a las ofertas de empleo que entidades privadas docentes, financieras, empresas de la energía, consultoras... a buen seguro les habrán hecho llegar. Sin duda, algo que no entenderán fácilmente los millones de supuestos privilegiados de la clase trabajadora del sector privado. Aunque quiero imaginarme que Hayek sí se lo perdonaría.