Ortigueira rectifica y suprime el tope de 26 toneladas para poder circular por las pistas

A. F. C. ORTIGUEIRA / LA VOZ

ORTIGUEIRA

JOSÉ PARDO

Maderistas piden que se reduzca de un mes a tres días el plazo para notificar el uso de un camino y avales en vez de fianzas

14 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

En el artículo nueve de la ordenanza reguladora de caminos públicos municipales de Ortigueira, aprobada en el pleno del 9 de septiembre, se prohíbe el tránsito de «vehículos de máis de 26 toneladas de peso máximo bruto e os que teñan máis de tres eixos» por este tipo de vías. La reacción de los maderistas no se hizo esperar. «Un camión normal pesa entre 14 y 16 toneladas vacío y, según esta regulación, le podrías meter diez toneladas. Entonces, ¿qué hacemos, llevar los camiones con media carga o menos? Lo normal es que se carguen entre 26 y 30, según la tara de cada vehículo», esgrimía entonces Óscar Piñón, empresario forestal.

El malestar del sector ha llevado al gobierno del socialista Juan Penabad Muras a rectificar. El alcalde asegura que se trató «dun erro de transcrición, que calquera do sector podía entender que non era así», aunque en la sesión plenaria ningún miembro del ejecutivo aclaró nada en este sentido, pese a las críticas reiteradas por parte de la oposición popular. La ordenanza se encuentra en fase de exposición pública y, según ha avanzado el regidor, incorporará las alegaciones sobre este extremo formuladas por los madereros en una reunión posterior al pleno. Los empresarios reclaman cambios en al menos otros dos puntos de este texto. La nueva norma establece la obligación de presentar la solicitud de autorización para «a utilización especial dun camiño público municipal [como es el caso de las distintas labores forestales]» con «al menos» un mes de antelación respecto a la fecha prevista para ejecutar los trabajos. Los maderistas solicitan que este plazo se acorte a tres días. Tampoco están de acuerdo con que deban constituir una garantía -el importe lo determinarán los servicios técnicos municipales- y proponen «depositar un aval, en vez de esa fianza, como ocurre en otros municipios de la zona».

Control de las vías afectadas

Alguna empresa ha expresado, además, discrepancias sobre el control de las vías afectadas una vez finalizados los trabajos, que queda en manos del Concello. La ordenanza determina que sean los agentes de la Policía Local o los servicios técnicos del departamento de Obras quienes comprueben el estado de los caminos y emitan un informe cuantificando posibles daños. A partir de ahí se determinará si procede o no la cancelación «total o parcial» de la garantía depositada.