Un litigio con Costas por una finca de Ortigueira podría llegar a Estrasburgo

El empresario Leandro Quintas compró en Leixa 63 hectáreas para montar una granja marina, que ahora peligra por encontrarse en dominio público

El encargado, el único empleado que mantiene la granja marina, junto a una de las compuertas.
El encargado, el único empleado que mantiene la granja marina, junto a una de las compuertas.

ortigueira

Leandro Quintas (Santiso-A Coruña, 1937) adquirió, en 1983, una superficie de 63 hectáreas en Leixa, en la parroquia ortegana de San Adrián de Veiga, para crear una granja marina. Este hijo de minero emigró a Cataluña, donde se formó y trabajó, y al volver invirtió en una explotación ganadera en Melide y encontró en Ortigueira «un sitio idóneo para el cultivo marino (de moluscos y peces), de forma totalmente natural». El proyecto consiguió «todas las autorizaciones y licencias administrativas exigidas» para su ejecución. Tras construir un muro de tres kilómetros, que bordea la parcela, que era un juncal, y un sistema de compuertas para regular el flujo de agua y las corrientes, empezó a funcionar, en 1985. «Producíamos almeja japónica, aunque el proyecto es para más especies, moluscos, peces redondos y planos», explica.

Hasta que, en 2008, la crisis mermó la demanda y la actividad casi cesó. Ahora solo trabaja el encargado, que se ocupa del mantenimiento, «a la espera de que la economía mejore». Por medio se cruzó la Ley de Costas, aprobada en 1988, y el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de este tramo del litoral ortegano, que afecta a la finca comprada por Quintas. «Está acreditado en el Registro que es una propiedad privada desde 1855», constata el empresario. Pero los tribunales han dado la razón a Costas en el proceso judicial que culminó con un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que también falló en contra de este empresario tenaz e inquieto, dispuesto incluso «a hacer una huelga de hambre» para defender su causa. El pasado 11 de septiembre recibió una notificación de la Demarcación de Costas de Galicia instándole a solicitar una concesión del terreno. «Es la única opción que me dan, pero la concesión me la pueden quitar en cualquier momento, y si no la pido directamente me lo quitan todo ya (...), no me han ofrecido ninguna indemnización», denuncia, indignado. «Las mayores injusticias se cometen en nombre de la justicia», proclama. Y atribuye su situación a «represalias» por su labor sindical, como presidente de USAG (Unión Sindical Agraria Galega). Pero no está dispuesto a renunciar a lo que considera suyo y baraja la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. «No es solo la inversión que he realizado aquí (unos 600.000 euros), sino el valor de la propiedad, que era un fangal y he transformado en un refugio de flora y fauna, arbolado», remarca. «En un régimen democrático no se entiende que te puedan quitar una inversión sin darte ni un céntimo -incide-. A los pequeños empresarios nos sacan el dinero y las ganas de crear puestos de trabajo. Jamás he incumplido la Ley (...). He gastado mucho dinero, también en la Justicia, que me ha respondido mal».

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