Los vecinos decidirán sobre el 50 % de los ingresos del monte de Couzadoiro

El acuerdo «é un primeiro paso» en la mejora de la gestión de los terrenos


ORTIGUEIRA / LA VOZ

El acuerdo rubricado ayer por el presidente de la Asociación de Veciños de Couzadoiro, Eduardo Dovale, y el alcalde de Ortigueira, Rafael Girón, zanja unos ocho años de litigio por la titularidad y la gestión de los montes Calvelo y Carabelote (San Cristobo) y Mañón (San Salvador), que han supuesto un desembolso de más de 11.000 euros a los vecinos. Pero Dovale quiso dejar claro que «este é un primeiro paso dun longo camiño», en el que se comprometen a «seguir ata acadar todos os dereitos dos veciños». E igual que el regidor, subrayó la oportunidad que se abre para «mejorar la gestión» y, por tanto, incrementar el beneficio generado por los montes.

«Tras décadas de abandono, as necesidades amoréanse nos servizos básicos: hai barrios sen suministro de auga potable, saneamento, limpeza; no ámbito forestal, sen pistas nin áreas de carga; e no medioambiental», remarcó Dovale. Girón justificó el retraso de este convenio, al amparo del protocolo aprobado por la corporación, por el proceso judicial (que se cerró hace un año, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegó la clasificación de los montes como comunales), e incidió «en la mejora sustancial» que implicará su aplicación (desde el 1 de enero de 2015) para Couzadoiro (el Concello asumirá el coste del plan de gestión que elaborará con los vecinos). En el caso de Loiba ha planteado idénticas condiciones y también lo hará en Mera.

Francisco Martínez, presidente de la promotora de la comunidad de montes y tesorero del colectivo, al que representó en la negociación con Girón, recordó «os atrancos» y elogió «a unión da xente», que, espera, se mantenga, ahora que, como apuntó Dovale, asumen la responsabilidad de gestionar recursos públicos, «en beneficio da comunidade e coa participación de todos».

La comunidad de Loiba opta por la vía civil para reclamar las fincas de Penabranca

En el pleno de marzo, la corporación aprobó el calificado de «histórico» protocolo de gestión de los montes comunales de titularidad municipal, tras desestimar la alegación de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Loiba. Girón adujo que «la Justicia avala el mantenimiento de Penabranca como monte de titularidad municipal con la calificación de comunal». E insistió en que «el único objetivo del protocolo es fijar la repartición y destino de los ingresos generados por el monte, en respuesta a una reivindicación vecinal».

Pero la comunidad de Loiba ha optado por seguir luchando, una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le diera la razón al Concello en el litigio abierto desde 2005. Ahora, por la vía civil, amparándose en la clasificación de monte vecinal en mano común, que acordó el Jurado de Montes de la Xunta el 21 de mayo de 2008 y confirmó en una resolución posterior. «Los vecinos de Loiba son propietarios de este monte de aprovechamiento común (...), y así lo fueron sus antepasados (...). El Concello carece de títulos de propiedad», argumentan.

La representante legal del colectivo de Loiba tilda el protocolo de «puramente propagandístico en periodo electoral, para acallar a las asociaciones vecinales ante la obstrucción por el Concello a reconocer la titularidad vecinal de los montes parroquiales».

Subvención nominativa finalista

La Asociación de Veciños de Couzadoiro, que acordó por mayoría suscribir el acuerdo con el Concello, recibirá anualmente, por parte del Concello, una subvención nominativa por una cuantía equivalente a la mitad de los beneficios generados por los montes (la actividad forestal y el canon eólico). El colectivo deberá definir y comunicar con anterioridad a qué va a destinar esta aportación, que tiene carácter finalista, y deberá justificar después el gasto. El canon que se percibe por los dos parques eólicos asciende a 84.000 euros (con un incremento anual conforme al IPC), por lo que la asociación tendrá capacidad de gestionar 42.000 euros (aparte de los ingresos procedentes de la venta de madera). Girón resaltó que, según el protocolo en vigor y el convenio firmado ayer, al menos el 70 % del beneficio del monte revertirá en el mismo.

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