La Sareb amplía la fecha límite para que las familias de Piñeiros en riesgo de desahucio abandonen las viviendas
NARÓN
La sociedad, propietaria de los inmuebles, mantuvo un encuentro con afectados y representantes municipales y extendió hasta el 31 de enero el plazo para que los inquilinos tomen una decisión sobre su futuro
15 nov 2022 . Actualizado a las 12:34 h.Las siete familias de Piñeiros, residentes en los bloques 5 y 7 de las viviendas de la plaza del Asilo en Narón y víctimas de alquileres fraudulentos a través de hasta tres «sociedades fantasma», podrán permanecer en los pisos hasta el próximo 31 de enero. Así lo han confirmado fuentes de la Sareb, tras la celebración de un encuentro mantenido en la mañana de este lunes con los afectados y representantes de la corporación municipal. Tras ofrecer a los inquilinos renovar sus contratos de alquiler con un incremento de 200 euros en las cuotas, la sociedad ha ampliado el plazo de respuesta, fijado en cinco días, hasta comienzos del próximo año.
El proceso arrancó en noviembre de 2021, con la finalidad de dilucidar el derecho de los inquilinos a permanecer en las viviendas que, sin tener constancia, alquilaron cuando los citados pisos pertenecían ya a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Así, después de que el juzgado dictaminase que los contratos no tienen validez legal, la empresa gestora de los pisos ofreció a los inquilinos la posibilidad de mantener los contratos de alquiler a un precio que, determinan los afectados, «está muy por encima del valor de mercado».
Con relación a este extremo, fuentes de la Sareb defienden que, tras analizar de manera individual cada uno de los casos, no hay ninguna familia en situación de vulnerabilidad. Por ello, sostienen, el precio de los alquileres se ajusta a los precios que hay en el mercado. Con una horquilla que oscila entre los 520 y los 600 euros de mensualidad, las familias deberán asumir un sobrecoste de 200 euros por cuota y es por ello que han recabado el apoyo de la totalidad de los grupos políticos de la corporación municipal y del tejido asociativo naronés.
Sobre la reunión mantenida, los afectados afean la inflexibilidad de la Sareb con relación a los precios de alquiler fijados. Unas cuotas que, defienden, están muy alejadas de la realidad inmobiliaria de Narón e impedirán que estas familias puedan continuar establecidas en un barrio que ya sentían como propio. Tanto es así que algunos de los inquilinos, antes de tener conocimiento de que habían sido estafados, se habían interesado por la posibilidad de ejercer la opción de compra.
Apoyo de vecinos y representantes públicos
En este sentido, Terra Galega, Partido Popular, PSdeG-PSOE y BNG emitieron un comunicado conjunto en señal de apoyo a los afectados y remarcaron, en relación a la misiva en la que la Sareb hace referencia al intento de alcanzar un acuerdo sin obtener la colaboración de los arrendatarios, que «é mentira que existan intentos de solución amigable, xa que dificilmente se pode considerar un intento de conciliación a recepción dun aviso de desafiuzamento».
Un extremo en el que coinciden desde las asociaciones vecinales de Narón, que han elaborado un documento mostrando su solidaridad con las familias de Piñeiros. El texto expone que el precio estipulado por el alquiler de las viviendas equivale a «querer expulsalos». Así, «reclaman unha solución xusta e acaída para uns veciños e veciñas que son víctimas dunha estafa inmobiliaria e queren botar en condicións inhumanas».
Nueva reunión
«Una de las familias pasaría de pagar 380 a 600 euros. Es una cantidad que nos parece desmedida y que no guarda relación con pisos de características similares en Narón», expone la alcaldesa, Marián Ferreiro. En este sentido, la regidora avanza que los afectados deberán contestar al burofax recibido por parte de la Sareb y explicitar que requieren una negociación sobre las condiciones del alquiler. «Durante la reunión reclamamos que se tenga en cuenta que los inquilinos fueron víctimas de una estafa y que siempre abonaron sus mensualidades», explica. Además, la totalidad de grupos de la corporación velarán por garantizar que las familias puedan conocer las razones y criterios aplicados para fijar los alquileres. «Entendemos que podría haber algún tipo de error y por eso nos hemos emplazado a una nueva reunión con representantes de la Sareb», concluye la regidora.
Por el momento, el encuentro mantenido evitará que los afectados tengan que hacer la mudanza en un plazo de cinco días, tal y como estaba previsto. Un extremo que fue catalogado por los afectados como inviable y que permitirá disponer una solución temporal, a la espera de acercar posturas con la Sareb.
