El concejal de Eliximos Narón abre otra polémica con un comentario en Internet

Carla Elías Martínez
Carla Elías NARÓN

NARÓN

El personal del Concello encargó un dictamen jurídico para estudiar emprender acciones legales

08 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Una nueva polémica ha vuelto a unir a los trabajadores del Concello naronés en contra del portavoz de Eliximos Narón Electores, Alfonso Casal Pita. En representación del colectivo, el presidente de la Xunta de Persoal Conxunta del Concello de Narón -que integra a personal funcionario y laboral-, Manuel Gómez; el secretario, César Bouza; y Juan Carlos Yáñez, han reprobado de nuevo la actitud del edil tal y como acordaron en la Mesa de Negociación celebrada el lunes. En este caso destacan la «máis enérxica condena e repulsa á derradeira actuación do concelleiro pola publicación nas redes sociais dun comentario infame e despectivo contra unha funcionaria municipal poñendo en dúbida a súa imparcialidade», lamentaron en nombre de todos los compañeros. Los representantes del colectivo instaron al edil a retirar el comentario referido a un informe entregado al concejal que «fai practicamente identificable á funcionaria».

Casal explica que él trasladó la contestación remitida por el alcalde a la solicitud de los informes jurídicos que avalasen el proyecto de reforma de la plaza del colegio de Xuvia a afectados por la reforma, quienes lo colgaron en Facebook donde se compartió en varias páginas, aseguró el edil. También se publicó en el perfil de la agrupación las conclusiones sobre este informe, que enviaron a los medios de comunicación, en las que achacan errores al documento. «Yo no colgué nada ni hice comentarios. Por tanto, nada que ver conmigo. Yo solo hice mi labor informativa de transparencia», defiende el edil.

Igualmente, recalca que «el informe, como casi toda la documentación del Concello, es un informe público que yo o cualquiera puede publicar, incluso con el nombre del funcionario que lo firma, pues la ciudadanía tiene derecho a saber quién es la persona que firma el informe, es un derecho recogido en la ley». Y defiende el «derecho de los ciudadanos a emitir opiniones, siempre respetando a las personas, y que los cargos públicos debemos aceptar, nos gusten o no».