Una pareja de septuagenarios se enfrenta a una ejecución hipotecaria de 300.000 euros

C. López FERROL

NARÓN

La entidad bancaria no acepta la propuesta de los afectados de la dación en pago

29 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El matrimonio formado por L.G.P. y E.M.G.G., de 72 y 71 años de edad, se enfrenta a una ejecución hipotecaria del banco Santander por importe de 300.000 euros, por lo que ni siquiera el embargo de su vivienda sería suficiente para cubrir la cantidad que les reclaman. La entidad bancaria no acepta la propuesta de los septuagenarios de la dación en pago y sigue adelante con el procedimiento judicial, al que el abogado de los afectados, Eduardo Elías, se ha opuesto planteando la nulidad de contrato por error en el consentimiento, bajo el argumento de que sus clientes no han sido debidamente informados a la hora de firmar el crédito.

La pareja estuvo de emigrante en Suiza y al regresar a España firmó un crédito en 2006 para la compra de la vivienda en Narón, una casa unifamiliar de 160 metros cuadrados y con una finca de 1.200. El banco les concedió una hipoteca de 287.000 euros a pagar en 17 años y con dos de carencia. Según explican los afectados, esos dos años pagaban 500 euros al mes, cantidad que ellos creían que sería la cuota definitiva, pero a partir de ahí pasaron a cobrarles entre 1.400 y 1.500 euros mensuales, dependiendo del tipo de interés.

En 2013 se encontraron con que no podían hacer frente a algunas cuotas atrasadas, por lo que el banco les ofreció una novación del crédito manteniendo el plazo y con otros dos años de carencia, durante los que pagaron 600 euros mensuales, pero al finalizar la carencia las cuotas pasaron a ser 2.450 euros. El matrimonio no pudo hacerles frente, a pesar de que entre los dos cobran 3.000 euros de pensión. Ante esta situación, el banco inició el procedimiento de ejecución hipotecaria que se está tramitando. El abogado sostiene que no fueron bien informados porque, de serlo, no se habrían metido en una hipoteca por ese montante, de la que llevan amortizados 80.000 euros. Señala que el banco se niega a valorar la vivienda que ellos pretenden entregar para saldar la deuda.