Un abogado de Ferrol logra que no bajen la pensión de 400 a 105 euros, ni retiren 10.000 más a una anciana dependiente
FERROL CIUDAD
La Consellería de Benestar recalculó su paga para reducirla un 75 % cuando su hijo comenzó a ganar más dinero; la mujer ya se encuentra en una residencia
01 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un abogado de Ferrol acaba de conseguir una doble victoria en los tribunales para una octogenaria que percibe una pensión no contributiva de poco más de 400 euros. La mujer vivía con su hijo, que la cuidaba, hasta que el hombre cambió de trabajo y su sueldo mejoró. Entonces la Xunta quiso rebajarle la pensión para dejarla en 105,35 euros y reclamarle lo cobrado de más (hasta los 400) durante dos años. En noviembre del 2022 recibieron una carta de Consellería de Política Social e Xuventude en la que les comunicaban que se acordaba «reducir el importe de la pensión de jubilación al 25 %, con fecha de efectos de enero del 2021. También les informaban de que debían devolver 10.183,71 euros, «indebidamente percibidos».
Fue entonces cuando recurrieron al turno de oficio, porque las posibilidades económicas de la mujer son muy limitadas, y el abogado ferrolano José Antonio López Turnes interpuso la primera acción en los juzgados de Ferrol en febrero del 2023. «En ese momento mi clienta tuvo que ir a vivir con unos allegados, porque su hijo en el nuevo trabajo ya no la podía cuidar», precisa el letrado sobre un caso en el que la Xunta presentó informes de la policía local de Narón tratando de probar que seguía en la casa del hijo.
Así que en septiembre del 2023, el Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol, en una sentencia que se dictó rápido, declaró la improcedencia de la resolución de la Consellería de Política Social e Xuventude por la «revisión del importe de la pensión no contributiva de jubilación y la reclamación de 10.183,71 euros derivada de dicha y se acuerda dejar sin efecto la misma», anulando la reclamación de la consellería.
Rebaja del 75 %
La Xunta no se conformó y recurrió al Tribunal Superior de Xustiza, que confirmó la sentencia del juzgado ferrolano a favor de que la mujer no pierda el 75 % de su pensión, ni tenga que devolver nada de lo ya ingresado desde enero del 2021 a noviembre del 2022.
El TSXG rechaza la revisión de la resolución de primera instancia alegando que «resulta innecesaria, dado que la administración recurrente pretende incorporar el texto completo de los informes de las policías locales de Ferrol y Narón sobre la convivencia de la actora, pero el contenido de dichos informes tiene que valorarse en su integridad por la sala, porque la magistrada de instancia los tiene por reproducidos, por lo tanto, los textos alternativos que se proponen es como si ya constasen en los hechos probados que se pretenden revisar».
Ya en una residencia
El fallo concluye que no ha quedado probado que la mujer seguía viviendo con su hijo y la unidad familiar contase con más dinero, lo que permitía a la consellería rebajarle las prestaciones. Esta victoria judicial llega, en cualquier caso, cuando la octogenaria ya está ingresada en una residencia debido al drástico incremento de su dependencia.
José Antonio López Turnes, abogado: «Fue un caso laborioso del turno de oficio»
José Antonio López Turnes lleva 31 años ejerciendo como abogado en Ferrol. Asistió al caso de esta mujer porque le llegó por el turno de oficio: trabajó varios años, interpuso tres recursos y realizó una larga lista de acciones (algunas que nunca cobrará) por las que percibirá 400 euros. «Fue un caso laborioso del turno de oficio, pero es cierto que no estoy obligado a estar ahí, lo hago por una cuestión vocacional, pero hay que recordar que estamos reivindicando mejoras para esta labor», precisa sobre una demanda que centró una manifestación en Madrid el sábado.
«Los allegados de personas mayores que necesitan muchos cuidados, como es este caso, están desbordados y encima llega Hacienda y la Xunta a cruzar datos para reclamar ese dinero, que es mucho en una pensión tan pequeña», resume. Este letrado, con despacho en la calle Real de Ferrol, detalla que la administración envió a agentes locales a realizar comprobaciones al vecindario de la mujer, pero no fueron concluyentes. Algo fundamental para la sentencia. De hecho, si los dos tribunales que evaluaron el caso hubiesen dado por bueno algún testimonio de vecinos la octogenaria se vería con una pensión más reducida y obligada a pagar 10.000 euros.