El fiscal jefe de área de Ferrol: «Nos preocupa mucho la reincidencia de conductores bajo efectos del alcohol»

Carmela López FERROL

FERROL CIUDAD

CESAR TOIMIL

El representante del Ministerio público hace balance anual de la actividad judicial

23 ene 2022 . Actualizado a las 09:44 h.

El fiscal jefe de área de Ferrol, Miguel Armenteros León (A Coruña, 1978) hace balance para La Voz del 2021, del que destaca la disminución de las expulsiones de extranjeros que cometieron delitos y también de las actividades relacionadas con la prostitución. Por contra, se muestra preocupado por el aumento de los delitos contra la seguridad vial y las reincidencias de conductores por alcohol.

—¿Qué cambios supuso la pandemia en el trabajo de los fiscales?

—El teletrabajo apenas existía en la Fiscalía y en general en la Administración de Justicia. Con la pandemia se ha instaurado el teletrabajo, pero de forma muy limitada, ya que las funciones de la Fiscalía exigen mucha presencialidad. Las guardias, la atención al juzgado de Violencia de género, los juicios… exigen la presencia del fiscal y somos una plantilla pequeña de siete fiscales para atender a un gran número de juzgados. En todo caso, sí se han potenciado los medios para poder llevar a cabo ciertas tareas a través del teletrabajo, tanto por parte de los fiscales como de los funcionarios de la oficina fiscal. Se ha potenciado también el uso de la videoconferencia, sobre todo con el Juzgado de Ortigueira, al que también atendemos desde Ferrol. Y las Juntas de Fiscales también las hacemos ahora por videoconferencia.

—¿Tuvieron algún caso de covid entre el personal de la Fiscalía?

—Directamente no, afortunadamente ni en 2020 ni en 2021 tuvimos contagiados en el personal de la fiscalía, pero sí hubo alguna situación de contacto estrecho que obligó a llevar a cabo algunas modificaciones.

—¿Las instalaciones de los juzgados de Ferrol se ajustan al nuevo funcionamiento?

—En general no se ajustan, como la mayoría de instalaciones de otros ámbitos. Sí que se han hecho adaptaciones, pero sigue habiendo problemas. Las salas de los juzgados, en general, no permiten mantener las distancias de seguridad y el acceso al público a los juicios se ve necesariamente limitado y no debería ser así. En la oficina de la Fiscalía, por ejemplo, comparten espacio cinco funcionarios y, aunque se han puesto mamparas de separación, no es la situación ideal.

—¿Qué balance hace de la actividad de los juzgados en el 2021?

—A pesar de encontrarnos en un año marcado también por la pandemia, el 2021 no se puede comparar con el anterior. El 2020, sobre todo durante el estado de alarma, supuso una paralización muy importante en la actividad, aunque obviamente los servicios esenciales continuaron funcionando. Esto supuso un retraso importante en la tramitación de los asuntos. Pero en el 2021 se ha trabajado a un ritmo normal, incluso superior al de años anteriores a la pandemia, para tratar de recuperar el tiempo perdido. Se hizo un importante esfuerzo por todos los profesionales tanto públicos como privados, como los abogados y procuradores que han vivido tiempos complicados y han colaborado en todo momento para tratar de sacar adelante la situación.

—¿Hubo variación en la tipología de delitos más habituales?

—No. Lo que sí que hubo fue un evidente descenso de la criminalidad en el período de confinamiento y de estado de alarma, pero en 2021 la tipología delictiva ha sido similar a la de años anteriores. Los delitos más habituales han sido los de robo con fuerza, delitos contra la seguridad vial, lesiones y estafas. Sí que hay que destacar el aumento de las estafas cometidas a través de Internet, que son delitos difíciles de investigar y que nos preocupan mucho. En cuanto a la especialidad de extranjería, de la que me ocupo yo a nivel provincial, se ha notado bastante la pandemia, disminuyendo mucho el número de expulsiones de ciudadanos extranjeros que cometieron delitos, así como la actividad de prostitución que suele estar relacionada con delitos de explotación sexual o de trata de seres humanos. En los últimos meses sí que estamos notando un aumento de delitos contra la seguridad vial, sobre todo por conducción bajo la influencia del alcohol o sin el permiso de conducir, por no haberlo obtenido nunca o por haber perdido todos los puntos. En este tipo de delitos preocupa mucho la reincidencia que estamos observando con conductores que, a pesar de haber sido condenados, repiten la misma conducta.

—¿Cómo quedó el tema de los robos a menores del verano?

—Atendiendo a la alarma social existente, procedí a incoar de oficio unas diligencias de investigación, en el curso de las cuales se consiguió identificar por la policía judicial a dos personas como autoras de alguno de los delitos y se ordenó su detención. El procedimiento está ahora judicializado y pronto se formulará la acusación por la Fiscalía. En el resto de robos se pudo constatar que ya estaban identificados los presuntos autores, algunos de ellos menores de edad y por tanto a disposición de la Fiscalía de Menores. Es por ello que las diligencias actualmente están archivadas, habiéndose identificado a diez víctimas menores de edad y once autores, cinco de ellos también menores.

—¿Alguna otra novedad en la Fiscalía?

—En el año 2021 hubo una novedad muy importante en el ámbito civil, porque en septiembre entró en vigor la nueva ley que regula las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, que supone un cambio radical en el concepto de la incapacitación, de modo que a las personas que pueden tener alguna discapacidad ya no se les priva de su capacidad ni se les modifica la misma, no existiendo ya tutores, sino guardadores de hecho o en su caso curadores, pero siempre como simple apoyo a una persona que conserva siempre su capacidad. En esta materia es clave la actividad de la Fiscalía, que es la que recibe las peticiones de los familiares para iniciar ante el juzgado ese procedimiento para adoptar medidas de apoyo, y además se hace necesario revisar, en unos determinados plazos, las sentencias de incapacitación que se habían dictado, para adaptarlas a la nueva regulación, lo cual es un trabajo enorme para el juzgado y para la Fiscalía.