El grupo de Extranjería de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón coordinó el operativo que permitió desarticular este grupo itinerante de proxenetas
17 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia de A Coruña acaba de condenar a cinco personas por obligar a mujeres a prostituirse y les impuso penas que oscilan entre seis años y ocho meses de cárcel y dieciocho años y diez meses de prisión. Los sospechosos, según consta en la sentencia, organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país de origen, incumpliendo las normas de extranjería, con ánimo de que permaneciesen en territorio nacional ejerciendo la prostitución.
El tribunal indica que, en algún caso, los procesados les hacían creer «que iban a trabajar en alguna ocupación diferente» y, en otros, las mujeres «conocían ya la actividad de prostitución a la que se dedicarían», pero los jueces resaltan que algunas de las afectadas «se encontraron con la imposición de unas condiciones para su ejercicio muy diferentes de las inicialmente propuestas».
La instrucción de este procedimiento corrió a cargo del Juzgado número 2 de Ferrol. Los ahora condenados son cinco personas de nacionalidad venezolana con lazos familiares y de amistad que explotaban sexualmente a mujeres de ese mismo país en pisos turísticos de diferentes ciudades españolas, entre ellas Ferrol. Y precisamente fue el grupo operativo de Extranjería de la Comisaría de Ferrol-Narón el que inició las investigaciones y coordinó el operativo por el que se logró desarticular este grupo itinerante de proxenetas.
La Fiscalía dirigía la acusación contra los integrantes de esta organización, integrada por hombres y mujeres, a los que atribuía un total de 21 delitos, relacionados con inmigración ilegal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tráfico de drogas, ya que en los pisos en los que estaban las mujeres también se vendía cocaína a los clientes.
Las investigaciones policiales, que se cerraron en abril del 2019, permitieron averiguar que esta red criminal había alquilado pisos turísticos en más de la mitad de las provincias españolas, por los que iba moviendo a las mujeres que dedicaba a la prostitución. Se realizaron registros en viviendas de Ferrol, Pontevedra, Almería, Granada y Alicante, en los que se logró liberar a once mujeres.