Advierte de que la cifra total de fallecidos en el país podría alcanzar los 130.000 en el 2050
29 jun 2020 . Actualizado a las 15:03 h.«Estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto». Es parte del texto recogido en el manifiesto suscrito por Agavida (Asociación Galega de Víctimas do Amianto en Ferrol) y un grupo de asociaciones sectoriales en el que urgen al Gobierno a que aborde «decididamente y con la máxima celeridad» un proyecto de ley integral del amianto, «que permita proporcionar una visión global y transversal del problema».
Las entidades estiman que la cifra total de fallecidos podría alcanzar los 130.000 en el 2050 si no se actúa de inmediato porque, subrayan, «a pesar de la prohibición de la importación y producción del amianto en el 2002» es un problema «que afecta gravemente» a la sociedad. «Aún no se ha abordado un instrumento legislativo para erradicar el amianto», pese a que se calcula que el 65 % del instalado en todo el país ha finalizado ya su vida útil —de entre 30 y 35 años según el Instituto Nacional de Salud— y, por tanto, «incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente. Se encuentra en estructuras de fibrocemento como tejados de viviendas, naves industriales o tuberías de abastecimiento de agua: «Miles de productos presentes en todo tipo de edificaciones, públicas y privadas contienen amianto, especialmente en nuestros centros educativos y en viviendas», subraya el manifiesto.
Desde las asociaciones se pone el acento en la puesta en marcha del «ambicioso» plan de reconstrucción de la Unión Europea (UE) derivado de la crisis sanitaria, por lo que consideran que «es la ocasión de acometer un ambicioso proyecto que proteja la salud y el medio ambiente». Esta iniciativa, concluyen, «colocaría a nuestro país en una posición de vanguardia en la UE y referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo».
La ley que proponen debería incluir aspectos sanitarios, de ámbito empresarial y laboral, de gestión de los residuos y de financiamiento.