De Lanjarón a Baeza; de La Carolina a Carboneras y de Ferrol a Vigo. La historia electoral española está repleta de denuncias, temores, conjeturas, sospechas y acusaciones. De todos contra todos. Sean municipales o europeas, y también las del Colegio de Abogados de Madrid, todas se celebran bajo sospecha por supuestas irregularidades en los procesos, que siempre acaban confluyendo en los incontrolables manejos del voto por correo.
Y ahora resulta que gran parte de nuestro futuro se va a decidir por esta modalidad, creada para quienes están imposibilitados de acudir a los colegios electorales pero que la pandemia ha situado en un lugar preferente. Y de ahí que, por arte de magia, la Junta Electoral convirtiera a los carteros gallegos y vascos, muy en contra de su opinión, en presidentes y vocales de las mesas electorales, dejando en sus manos la pureza y licitud del proceso.
Tal y como tenemos el huerto no hay que ser un lince para augurar que tras el 12-J pueden sucederse las acusaciones de fraude. Porque estamos inmersos en la mayor crisis política y social de nuestra historia reciente y donde todo el debate se reduce al insulto y la descalificación. En este país nuestro, y sin motivo conocido, se llegó a calificar, por Celia Villalobos y el Donald Trump ibérico, al presidente del Gobierno de ilegítimo. Sin pestañear. Así que figúrense la que puede venir.
Por eso, ahora más que nunca hay que exigir el rigor extremo en el proceso autonómico. Más que nunca no puede quedar en el aire ni una mínima sospecha de fraude. Porque es cierto que, tal y como se ha planteado la recogida de los votos, provoca serias dudas e induce a deducciones maliciosas. La falta de medios y personal en las carterías, las instrucciones poco claras y el papel de fedatarios y custodios de quienes no están para esas labores sitúan las autonómicas en un laberinto del que pueden salir arrastrando acusaciones que en nada beneficiarán ni al sistema, ni a los elegidos. Hay que ser extremadamente escrupulosos para que no tengamos que poner en duda las garantías jurídicas del proceso.
A situación excepcional, medidas excepcionales, aunque desconozco si lo más acertado ha sido esta modalidad de voto desde el sofá. Pero ya está. Y ha de hacerse con la certeza de que se realiza con un exquisito rigor y sin dejar espacio alguno a la sospecha.