La corporación se comprometió con las peticiones de varios colectivos de la ciudad en materia laboral, de infraestructuras y de apoyo a las tradiciones
27 feb 2020 . Actualizado a las 23:50 h.Aunque el debate se acaloró en cuestiones relacionadas con la situación económica del Concello, los puntos más reseñables del pleno celebrado en Ferrol vinieron de la mano de las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos. La mayoría de ellas estaban respaldadas por los colectivos implicados, a los que también se dio voz en un salón de sesiones repleto de público.
La primera moción se refería a la situación del astillero de Navantia y fue aprobada por unanimidad como declaración institucional del Concello, en presencia de un nutrido grupo de trabajadores del naval. El acuerdo consistió en instar al Gobierno central a la construcción de un nuevo buque y a agilizar la selección del personal, el astillero 4.0 y la construcción de las fragatas.
El pleno también aprobó de forma unánime, a propuesta del grupo popular, la realización de gestiones para incorporar al patrimonio municipal el antiguo campo de fútbol de San Xoán. El presidente vecinal, Andrés Medín, lamentó tener que insistir en algo que ya se había aprobado hace un año, precisamente a propuesta del PSOE, y que no haya dado ni un solo paso al respecto. Y enumeró las carencias del barrio, que podrían solventarse en parte si se recuperan esos terrenos, que en su día fueron de los vecinos y que ahora están en manos del Sareb. En concreto, se refirió a la necesidad de un centro de salud, ya que los residentes en la zona tienen que desplazarse hasta el de la plaza de Armas, agravada por la inexistencia de una línea de autobús; la falta de un local social adaptado a un barrio de 10.000 vecinos; ausencia total de instalaciones deportivas; y viviendas que llevan años sin agua por las fugas que hay en la carretera de San Pedro. «É unha vergoña como estamos, porque non temos nada de nada», apostilló Medín.
También trasladaron sus reivindicaciones al pleno municipal los miembros del grupo Diversidade Funcional de Ferrol, a través de una moción de Ferrol en Común. La presidenta del colectivo, Mari Morado, solicitó que se habilite una partida presupuestaria para la quinta fase de los pasos de patones con rampas, que, según dijo, este año está parado, y otra para la sexta fase, a fin de que ya se puedan comenzar a diseñar las nuevas intervenciones. Solicitó, asimismo, la instalación de un ascensor y plazas adaptadas en el párking del Cantón; obras de accesibilidad en los pabellones polideportivos, los vestuarios y grúas en las piscinas; la adaptación de las paradas de los buses y que el Concello se implique en la aplicación de la Ley de Accesibilidad Universal «Nós temos dereito, como o resto da povoación, a poder saír da casa», apuntó Mari Morado. El BNG propuso una enmienda en el sentido de solicitar al gobierno local la elaboración de la ordenanza de accesibilidad universal, a la que se unió el PP y que fue aceptada, por lo que la moción salió adelante por unanimidad.
La Fiesta de las Pepitas
También se aprobó, aunque en este caso con los votos a favor del PP, PSOE y Ferrol en Común, y la abstención del BNG, una moción del grupo popular solicitando la realización de gestiones para la declaración de fiesta de interés nacional para la Fiesta de las Pepitas. En este punto intervino Ricardo González Sedes, de la Rondalla Añoranzas.
Otro colectivo que trasladó sus reivindicaciones al pleno fue la asociación de vecinos de Recimil, como acompañamiento a una moción del BNG. Piden la rehabilitación interior de las viviendas, la entrega de las que están vacías a personas que las necesiten y un local para la asociación. También se aprobó por unanimidad.
En cuanto a las propuestas de gobierno incluidas en el orden del día de la sesión, se referían al pago de facturas, entre ellas la del servicio de limpieza, y los grupos de la oposición aprovecharon la ocasión para recriminar al equipo de Ángel Mato que gran parte de los servicios continúen sin contrato. También hubo bastante debate en torno a la liquidación del presupuesto del 2019, del que se invirtieron 45 millones y quedaron por ejecutar algo más de 13 millones de euros.