Alertan en Ferrol de la urgencia de censar y destruir el amianto, que ya comienza a desintegrarse
FERROL CIUDAD
Comisiones Obreras plantea la necesidad de que las administraciones destinen dinero y recursos para resolver este grave problema de salud pública
04 oct 2019 . Actualizado a las 21:53 h.El sindicato comarcal de Comisiones Obreras y la Federación de Pensionistas e Xubilados de Galicia alertan de la necesidad de adoptar medidas con urgencia para hacer frente al problema de salud pública derivado de la proliferación del amianto. El asunto fue abordado en una jornada bajo el título «O amianto que nos queda», que se celebró en la sede del sindicato y en la que participaron afiliados pensionistas y activos, y delegados de prevención.
El secretario general de la Federación de Pensionistas, Carlos Mella, explicó que no se trataba de analizar la situación desde el punto de vista sanitario, ya que con la creación de la Unidad de Asbestosis en el hospital Arquitecto Marcide el tema a nivel de afectados está cubierto, sino de buscar soluciones a todo el amianto que queda. En esta línea, Roi Fernández, responsable de Saúde Laboral del sindicato nacional de Galicia, manifestó que el problema de salud pública que se presenta ahora es que este material, «que se utilizou para facer todo, porque era un producto estrela que era abundante e económico, está chegando o fin da súa vida útil, vaise desintegrar e vamos respirar as partículas os que estemos polas rúas». Planteó, asimismo, la necesidad de saber dónde se encuentra.
Por su parte, José Valdés, responsable de Saúde Laboral da Confederación Sindical de CC.OO., incidió en que el amianto es un elemento cancerígeno del primer grupo y que la probabilidad de verse afectado no depende de la cantidad del producto inhalado. De ahí que plantease la necesidad de que el programa de seguimiento a los trabajadores expuestos al asbesto siga funcionando, porque el período de latencia de la enfermedad es de casi 50 años y si se detecta a tiempo puede convertirse en una enfermedad crónica pero no mortal. A este respecto, explicó que el programa recoge, a nivel estatal, a 60.000 personas con tratamiento, de los que más del 80 % son extrabajadores. Entrando ya en el tema central de la jornada, indicó qiue los cerca de tres millones de toneladas instalados en este país desde los años sesenta ya se están deteriorando, y en muchas ocasiones el material está oculto, lo que dificulta la adopción de medidas preventivas para los trabajdores y la población en general. De ahí que se considere fundamental que las autoridades del Estado, las autonómicas y las locales tomen conciencia y busquen soluciones. José Valdés recordó que el Parlamento europeo ya invitó en el año 2012 a los paìses miembro a registrar el amianto y desinstalarlo. «No se trata de evacuarlo a vertederos controlados, porque estaríamos trasladando el problema, sino de buscar técnicas más económicas que las actuales para destruirlo», dijo, añadiendo que existe otra resolución europea del 2015, en la que se insiste en el censo, la desinstalación y la protección de la población. Y más recientemente, este mismo verano, el Comité Económico y Social europeo publicó otro dictamen para que la citada directiva comunitaria se aproveche para la retirada del amianto. De ahí surge la reivindicación de Comisiones Obreras para que las autoridades programen los recursos económicos necesarios para censar y retirar el amianto instalado, «la única forma de resolver este problema de salud pública», concluyó Valdés.