La ciudad de Ferrol viene siendo para el Estado lo que el empleo para los empresarios: un mal menor, el peaje inevitable, o aun en algunos casos una excrecencia en su proyecto. El objetivo original era, respectivamente, disponer de unos astilleros modernos para la Armada borbónica, y obtener los máximos beneficios del esfuerzo emprendedor, que se dice en fino. Pero como la tortilla no se hace sin romper los huevos, hay que apandar con una ciudad para tener el astillero, y convivir con un grupo de trabajadores y sus engorrosos sindicatos para que cante la caja registradora. En fin, a lo que vamos: el Estado, investido de la legitimidad del poder y bien arropado legalmente con un corpus jurídico tejido a medida a lo largo de muchos años, tiene una lógica de acero inoxidable. La trashumancia de una familia de excluidos sociales de origen portugués desde el inactivo campo de tiro de Doniños al abandonado cuartel Sánchez de Aguilera pone de manifiesto ?además de la falta de reflejos de los servicios sociales municipales- la desidia con la que el Estado cuida de su patrimonio. Nada que sea ajeno a la lógica de hierro estatal: un grillete metálico que ata por igual a los Gobiernos de derecha y de izquierda, suponiendo que esto último sea posible con un Ibex 35 atento a la jugada. De modo que lo mejor es abandonar la escasa esperanza que pudiéramos tener de lograr un acuerdo favorable a Ferrol en el convenio con Defensa, e ir preparándonos para lo que nos toca: si ya los astilleros son un engorro para el Estado ?con lo barato que sueldan chapa en Extremo Oriente-, qué no lo será la ciudad que aquellos llevan como carga. Como el empleo cuando la caja no canta.