Aumenta el número de aparcacoches que operan en un limbo legal en el párking del Sánchez Aguilera y del Arquitecto Marcide
25 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.No es un problema nuevo, pero cada vez se extiende más. Los gorrillas ganan terreno en los aparcamientos más frecuentados de Ferrol. Su presencia es prácticamente continua en el entorno del hospital Arquitecto Marcide, donde se distribuyen entre la zona de estacionamiento más cercana a la puerta principal y en la cuesta de la calle Irmandade de Doadores de Sangue. Y también lo es en el principal aparcamiento disuasorio de Ferrol, el del Sánchez Aguilera. La novedad es que ahora esta suerte de aparcacoches no solo opera en la explanada de tierra, donde caben unos 300 vehículos, sino también en la superficie anexa asfaltada, con un centenar de plazas más.
Además, se ha detectado un incremento del número de personas que se dedican a una actividad que no es legal, pero que tampoco cuenta con una normativa que la sancione. En el aparcamiento de tierra del antiguo acuartelamiento conviven a diario con los conductores cuatro gorrillas: tres mujeres y un hombre. Y en la parcela contigua, otro más. Piden la voluntad a cambio de indicar los lugares libres que quedan para estacionar, aunque a primera hora no es necesario. En el Marcide no hay un cómputo exacto: los gorrillas se turnan en una arraigada red de la que pocos se atreven a hablar. Y su incumplimiento ha derivado en más de una ocasión en discusiones violentas entre ellos. La situación indigna a conductores, como el pontés Jaime Pena Barro. Hace días acudía al Marcide y le daba un 50 céntimos al gorrilla de guardia. «Le doy porque es un chantaje», manifestaba molesto. «A mí nunca me han hecho nada, pero sé de gente que no les dio y después le apareció el coche rayado, y eso no es casualidad», relató. «Que vengas aquí a lo que vienes y que te estén chantajeando... Si vinieran los ministros o el alcalde a aparcar aquí, esta gente no estaba», añadió.
Casos «aislados»
A la Policía Local no le consta un incremento de las quejas, solo «casos aislados». Y defienden que salvo que medie una denuncia, la intervención es muy complicada. Ferrol carece de una normativa específica que tipifique esta actividad, como sí la tiene, por ejemplo, Lugo, que contempla en su ordenanza de convivencia ciudadana multas de entre 751 y 1.500 euros para los aparcacoches. Pero además, apunta el jefe de la policía ferrolana, José Antonio Chao, «la gente es muy reacia a denunciar» porque «al final es un conflicto entre dos particulares». Hace años, cuando se detectó una mayor conflictividad por este problema, se hizo un intento de elaborar algún tipo de normativa, pero no cuajó. También se intentó sancionar aplicando otros artículos. «Es un peatón que está en la vía pública y está regulando el tráfico, algo que no es de su competencia», apuntó, pero «hay que encajarlo con muchas pinzas y hacer una interpretación muy amplia de la norma, pero si era un caso muy necesario, entrábamos por ahí». No obstante, con escaso efecto, porque «al final la multa le da igual. En un primer momento se va, pero luego vuelve». Y «nosotros no podemos estar de forma permanente», argumenta, «y más cuando nos faltan apoyos por parte de los perjudicados».
Los gorrillas llegaron también a Narón. Hace un tiempo intentaron controlar el aparcamiento del entorno de Odeón, pero el Concello carece de ordenanza que lo prohíba. Sin embargo, la presencia de patrullas de la Policía Local logró disuadirlos y se erradicó esta práctica, aunque reciente han vuelto a verse gorrillas en esa zona.