Suspenden el juicio de Sestayo, acusada de injurias por tildar de conductas machistas a un juez de Ferrol

Tras una hora de debate sobre cuestiones previas, el juez de lo Penal 2 de Ferrol, Javier Fraga Mandián, accedió a la petición de la defensa de suspender el juicio en la causa abierta contra la abogada y secretaria general del PSOE local, Beatriz Sestayo, por un delito de injurias contra un funcionario público en el ejercicio de su cargo. El «testigo perjudicado», que no denunciante, según especificó el fiscal, es el juez de violencia de Ferrol, al que Sestayo se refirió en Facebook indicado «el juez de Violencia de Género de Ferrol se ve que considera que la voluntad de las mujeres es inútil y debe estar al servicio del macho», añadiendo «a min constame que moitas mulleres e profesionais queixanse do machismo e maltrato dese xuiz». Según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio público, estas manifestaciones se produjeron después de que el juez aludido hubiese dictado un auto acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas en un procedimiento en el que ella intervino como denunciante. «Ese mismo día -señala la Fiscalía-, la encausada procedió a publicar en la red social Facebook una serie de mensajes sobre el mencionado magistrado, con ánimo de menoscabar su honor y de menospreciarlo y desprestigiarlo, al utilizar expresiones como «porque los jueces aún son demasiado impunes en este país y la sensibilidad de estos machistas es la que es».

La suspensión acordada por el juzgador tiene por objeto la citación de tres testigos propuestos por la defensa en el marco de la llamada exceptio veritatis, una prueba de la verdad de gran relevancia en la protección penal del derecho al honor, y más concretamente en el ámbito de las injurias y las calumnias. Se trata de acreditar, a través de esos tres testimonios, si realmente las expresiones vertidas en las redes por Sestayo contra el juez de violencia tienen fundamento.

Declarar tras un biombo

El juez de lo Penal ya había rechazado inicialmente la primera cuestión previa de la defensa solicitando la suspensión. La letrada de Sestayo argumentó que el auto por el que se aceptaba la petición del juez de violencia de género de declarar tras un biombo, para no tener contacto visual con la encausada, les fue comunicado poco antes de entrar en la sala de vistas y tenían intención de recurrirlo en apelación, lo que podría llevar a la nulidad de lo actuado. El fiscal jefe del área, que es el que ejerce la acusación pública en esta causa, se mostró partidario de la suspensión, pero el juzgador no aceptó la petición, bajo el argumento de que las cuestiones relacionadas con la celebración de la vista incluso podrían decidirse al inicio de la misma. En cuanto, a la segunda cuestión previa, la defensa había presentado una lista más amplia de testigos, pero la prueba fue rechazada durante la instrucción, porque, según explicó el juez de lo Penal, el escrito incluía una relación de nombres, sin justificar qué podían aportar al procedimiento y, además, solo se facilitada la dirección de una de esas personas, a efectos de citación. No obstante, en aras a garantizar plenamente el derecho de defensa, el juzgador aceptó la testifical solicitada de nuevo, después de que la abogada de Sestayo expusiese la relación de las testigos propuestas con la expresiones de la encausada en Facebook -se trataba de varias víctimas de violencia de género y de miembros de entidades de atención a maltratadas-, pero la limitó a tres personas.

Posicionamiento de la Fiscalía

Inicialmente, la Fiscalía se opuso a esta prueba, bajo el argumento de que la defensa pretendía utilizar la estrategia de desviar el procedimiento, cuando lo que se está juzgando es lo que publicó Sestayo en las redes y no al juez de violencia sobre la mujer.

En esta línea, el fiscal explicó que siempre puede haber gente descontenta con una resolución judicial pero que, este caso, «lo que se publicó es que el juez es machista y no que había quejas sobre sus actuaciones». A mayores, añadió que no hay ninguna diferencia en cuanto a condenas y órdenes de protección entre el juzgado de violencia de Ferrol y los del resto de Galicia.

Pero, después de que el juez de lo Penal aceptase esos tres testimonios, se planteó otro problema, porque las personas apuntadas por la defensa no se había encargado de que comparecieran las personas que propuso como testigos, el juzgador anunció su intención de dar marcha atrás en la suspensión. No obstante, finalmente accedió a aplazar la vista, después de que el fiscal apoyase la petición de la defensa, bajo el argumento de que, una vez aceptada la prueba testifical, debería aceptarse la petición de suspender el juicio.

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