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Expropiaciones

Valor catastral. La ley establece que que la Administración podrá expropiar abonando el 50 % del valor catastral, que viene siendo un 25 % del de mercado, aunque en la zona rural no suele haber tanta diferencia, sobre todo porque el mercado inmobiliario se mueve muy poco. Además, fija un plazo máximo de dos años para rehabilitar la construcción adquirida de este modo.

Impuestos

Área Rexurbe. Solo en Betanzos, Ferrol, Lugo y Ourense existen áreas Rexurbe, en las que a partir del 1 de enero del 2020 se gravará con un impuesto a los propietarios de viviendas abandonadas. En estas zonas, es la Xunta la que adquiere las viviendas, las restaura y las vende de nuevo o alquila. La idea es regenerar barrios, pero ha tenido poco éxito hasta el momento. En la Costa da Morte podrían tener áreas Rexube Corcubión y Fisterra, pero todo depende de la Xunta, aunque sería el Concello el que debería solicitarlo para los inmuebles en mal estado.

Registros municipales

Aldeas. Por lo que respecta al ámbito puramente rural, el anteproyecto de ley recoge medidas encaminadas a la recuperación de núcleos abandonados. Establece que se pondrá en marcha un procedimiento público de venta a través de registros municipales en los que los propietarios pueden inscribirse voluntariamente. Uno de los casos podría ser el de la aldea de O Roncudo, que lleva años a la venta.

Compras imposibles

Herederos. Uno de los principales problemas en la zona rural es la continua repartición de las herencias, lo que hace que un inmueble pertenezca a 15 o 20 personas, muchas de las cuales ni siquiera se conocen, cuando no tienen malas relaciones familiares. Poner de acuerdo a todos es prácticamente imposible. El Concello de Ponteceso estuvo a punto de poder comprar la casa de Mourelle, pero cuando se iba a firmar uno de los herederos falleció, complicando de nuevos los trámites, Con la expropiación se solucionarían muchos casos sin solución.

Tramitación

Licencias directas. Patrimonio ya no tendrá que informar todos los expedientes de edificaciones con algún tipo de protección. La media en Galicia es de 13.000 casos anuales, de lo que solo 800 afectan a BIC. Los concellos podrán dar licencias.

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