La ministra de Defensa recuerda que Navantia depende de la SEPI y no de su cartera
31 ene 2019 . Actualizado a las 18:15 h.«Las F-110 se van a hacer en Ferrol con o sin Astillero 4.0». Así de categórica se manifestó esta tarde en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, en donde fue interpelada sobre el papel que tendrá su departamento en el proyecto de transformación de la factoría ferrolana. Robles incidió en que Navantia, impulsora de la reforma, pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente a su vez del Ministerio de Hacienda. Por ello, recalcó que Defensa no puede interferir en las competencias de otros ministerios, y pidió que no se siembren dudas sobre la construcción de las futuras fragatas para la Armada española.
Ambos proyectos se interlazaron, no obstante, en la comisión de Defensa del Congreso porque los diputados ferrolanos del Partido Popular y de En Marea, Juan Juncal, y Yolanda Díaz, respectivamente, pidieron a la ministra que su área asuma la tutela del proyecto de Astillero 4.0, ya que se llevará a cabo en terrenos de la factoría, que a su vez pertenecen a Defensa. Entre otros, Navantia pretende construir un dique cubierto, concentrar toda la producción en la campa este, en donde ejecutaría nuevos muelles y un súper taller, con las más modernas tecnologías. Ahorrar plazos y costes en la fabricación de los buques es el objetivo de ese ambicioso proyecto.
Margarita Robles brindó «la máxima colaboración institucional» para que la antigua Bazán pueda mejorar sus instalaciones, pero no dejó de insistir en que no es una actuación sobre la que tenga competencias. Insistió en que con las instalaciones actuales, Navantia puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema el futuro contrato para la Armada.
Como ya había señalado en Ferrol hace diez días, el Ministerio de Defensa prevé tener lista la orden de ejecución de las fragatas en abril, para que un mes después se firme el contrato de construcción.
La parlamentaria de En Marea aseguró que existen dudas jurídicas sobre quién va a ser el órgano tutelante que impulse la transformación de las instalaciones. Además, puso el foco en los problemas con los que se ha encontrado su tramitación. «El Ministerio de Medio Ambiente dijo el 22 de diciembre del pasado año que no reunía los requisitos. Además, hay dos informes urbanísticos negativos», afirmó, al mismo tiempo que sostuvo que Navantia ha pedido la exención de la licencia para ejecutar unas cabinas de chorreado y la resolución es negativa». Al mismo tiempo, desveló que el proyecto del dique seco va a ser «remodelado», ya que contempla una altura de 80 metros.
El diputado popular Juan Juncal matizó que la declaración del Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto únicamente indica que ha de tramitarse una declaración de impacto ambiental y pidió a la ministra que el Ministerio de Defensa, con el fin de agilizar el proyecto, se convierta en el «órgano sustantivo» del Astillero 4.0. «No se puede adscribir a la Defensa nacional un proyecto de una empresa que está vinculada a la SEPI y no a Defensa», respondió.
El parlamentario socialista Ricardo García Mira se mostró visiblemente molesto con Yolanda Díaz, a la que acusó de «introducir más que confusión en la comarca, cuando el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos por promover el apoyo a esta industria de referencia de construcción naval internacional».
Presupuestos SEPI
Por otro lado, el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, también compareció en el Congreso, en la comisión de Presupuestos, en donde aseguró que Navantia prevé facturar este año 1.574 millones de euros. También afirmó que la compañía destinará 126 millones de euros a I+D+i. Fernández subrayó la importancia del plan estratégico aprobado hasta el 2022.