Asegura que el Concello no solventó el problema de los vigilantes de seguridad de FIMO y Porta Nova que se quedaron en la calle
20 dic 2018 . Actualizado a las 12:30 h.La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO presentó una denuncia en los juzgados de Ferrol contra el alcalde, Jorge Suárez, y el concejal de Seguridad, Álvaro Montes, por un presunto delito de prevaricación por omisión y otro de discriminación y vulneración de la libre concurrencia entre empresas. Según explicó el secretario estatal del sindicato, Basilio Alberto Febles, la denuncia está motivada por el limbo en el que quedaron los 12 trabajadores de la empresa Segur Ibérica que prestaban servicio en las instalaciones de FIMO y del centro comercial Porta Nova cuando la empresa entró en concurso de acreedores. Fue en diciembre del año pasado y, según este responsable de USO, el Concello de Ferrol fue la única administración u organismo de toda Galicia e incluso del resto de España que no cubrió los servicios de vigilancia con otra firma y que debería haberse subrogado la plantilla de la extinta Segur Ibérica.
Basilio Alberto Febles explicó que los delitos que se atribuyen a los responsables municipales ferrolanos vienen dados por el hecho de que en las tres convocatorias públicas que hizo el Concello y que quedaron desiertas no se cumplieron las condiciones establecidas en la contratación del Estado, ya que se fijó un presupuesto de licitación con el que ninguna empresa podría abonar las nóminas a los 12 trabajadores. En esta línea, apuntó que las directivas comunitarias son muy claras en ese aspecto, señalando que los contratos se deben hacer por un precio justo y añadió que en una de las convocatorias incluso había un informe de un técnico municipal que advertía de esa situación, motivo por el que solicitan que se les facilite dicho informe para acompañarlo a la denuncia.
El secretario estatal de USO, que compareció en rueda de prensa acompañado por otros responsables del sindicato y por uno de los vigilantes afectados, acusó al alcalde de mantener una «actitud prepotente» con este problema cuando los trabajadores se manifestaron, asegurando que lo que se deduce de su proceder es que lo pretendía era retirar la vigilancia de esas dos instalaciones municipales, «pero no lo hizo con claridad, porque políticamente tampoco vendía mucho que la ciudadanía supiera que esos dos centros se iban a quedar sin vigilancia». Apuntó, asimismo, que en la actualidad ese cometido está en manos de la Policía Local y de conserjes del Concello, que no están autorizados para prestar ese servicio.