Dos décadas de luces y sombras en el naval

Los astilleros públicos aplicaron cuatro ajustes desde 1999, el actual presenta el rejuvenecimiento mayor


Ferrol

Febrero de 1999 y diciembre del 2000, del 2004 y del 2018. Esos meses constituyen un denominador común para la historia reciente de los astilleros públicos españoles, ya que marcaron un punto de inflexión en su trayectoria y, en tres de esos cuatro casos, implicaron un adelgazamiento de las plantillas. En los próximos días, los trabajadores de Navantia tendrán que votar la última propuesta realizada por la empresa sobre el plan industrial y el convenio único, que implicará la salida anticipada de 2.200 personas en el conjunto de la compañía, de los cuales unos 900 se corresponden con Ferrol.

¿Cuál fue el primer ajuste de los astilleros públicos tras la reconversión de los 80?

En febrero de 1999, es decir, están a punto de cumplirse veinte años, la dirección y los sindicatos de la entonces Bazán acordaron poner en marcha un plan de empresa que implicó la jubilación de 1.100 trabajadores de más de 52 años. A cambio, se llevaron a cabo 310 contrataciones, en convocatorias públicas de empleo escalonadas hasta el año 2002. El astillero ferrolano tenía entonces una plantilla formada por unos 3.700 empleados, que pasó a estar integrada por 2.578. Solo un año después, se desencadenó otro ajuste en las plantas públicas.

¿En qué consistió la reestructuración de finales del 2000?

Para frenar las graves pérdidas que arrastraban las factorías públicas civiles, el Gobierno de José María Aznar decidió fusionar estas plantas con las militares de la antigua Bazán. Creó entonces Izar, dispuesto a dejar atrás una sangría que había costado al sector 20.000 puestos de trabajo y unos números rojos acumulados que superaron los 4.800 millones de euros. Entonces se mantuvieron todos los centros de trabajo (doce) y no hubo recortes de plantilla, pero las expectativas que tenía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con esta operación, estuvieron muy lejos de conseguirse. Como la de entrar en rentabilidad en el año 2005, o la de lograr unos beneficios de 5.000 millones de las antiguas pesetas.

¿Qué implicó la reestructuración del 2004?

Menos de un lustro después de que se crease Izar, un expediente abierto por la Unión Europea, que consideró que España había otorgado ayudas de Estado a sus astilleros, precipitó un nuevo ajuste. Bruselas reclamó al Gobierno central la devolución de 1.600 millones por esas ayudas que consideró ilegal, y eso precipitó la reestructuración. Varias factorías civiles fueron vendidas y se creó Navantia, en el 2004. Entonces, fueron prejubilados 1.400 trabajadores de más de 52 años, pero sin que se llevase a cabo programas de nuevas contrataciones. La descapitalización profesional de las factorías experimentó una nueva vuelta de tuerca. Su objetivo de obtener la ansiada rentabilidad solo se logró en el 2007, único año de la trayectoria de Navantia en números negros, con unos 170.000 euros en positivo. En los últimos ejercicios, la compañía ha ido sumando pérdidas históricas, que han llevado a la SEPI a impulsar un nuevo plan.

¿Cuál es el contenido del programa estratégico propuesto ahora?

Navantia prevé prejubilar a 2.200 trabajadores de 61 años en adelante y contratar a 1.658 nuevos empleados, que implicará la salida de 900 en la ría y la entrada de unos 650, la cifra más alta hasta el momento. Concreta un plan de inversiones de 92 millones al año hasta el 2022, fecha en el que culminará la aplicación de este programa, y se compromete a aplicar medidas de reciclaje no solo a su plantilla directa, sino también a las auxiliares. Los trabajadores tendrán que votar en las próximas semanas esta propuesta, ya que la intención de la dirección de la compañía que preside Susana de Sarriá es la de firmar con los representantes sociales este programa estratégico antes de que finalice el año.

¿Con qué cartera de pedidos cuenta ahora la empresa?

Las previsiones que maneja Navantia son las de conseguir, en los cuatro años de ejecución del plan, una facturación del orden de 11.000 millones de euros. El contrato de construcción de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí, por más de 2.000 millones, es una de las patas de ese plan, aunque la principal será el contrato de construcción de cinco fragatas F-110 para la Armada española, valorado en 4.000 millones, que según el Gobierno, está a punto de ser adjudicado. En Ferrol se construyen además dos buques logísticos para la Armada de Australia y un Buque de Acción Marítima para la española. En Fene, un proyecto de eólica marina para EDP. El astillero de Cartagena fabrica los submarinos S-80 y la planta de Puerto Real, los dos últimos petroleros para Ondimar.

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