El alcalde había retirado la propuesta del último pleno por un «erro» que dijo que se iba a corregir, pero Intervención y Tesorería informan en contra del cambio planteado
27 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La nueva ordenanza de la tasa de saneamiento, que según la propuesta del gobierno ahora pasará a denominarse prestación patrimonial pública no tributaria por el servicio de depuración de aguas residuales, volverá a ser objeto de debate hoy en la comisión de Economía e Facenda. El asunto ya figuraba en el orden del día del pleno extraordinario del pasado 5 de noviembre, pero el alcalde, Jorge Suárez, la retiró con el pretexto de que contenía un «erro» que iba a ser corregido. Fue a raíz de que la portavoz del PP, Martina Aneiros, hubiese preguntado por qué no se había incluido el compromiso político del gobierno de excluir de la tasa las inversiones y la cuota fija y financiera relativa al préstamo de Acuaes.
Esas dos cuestiones eran las que se pretendían excluir de la nueva tasa, pero el equipo de Jorge Suárez se ha topado con un nuevo escollo que le impide cumplir ese compromiso, por lo que la propuesta que hoy se someterá a dictamen de la comisión informativa como paso previo a la aprobación plenaria será la misma que la que el alcalde retiró de la sesión del pasado día 5. Y es que tanto el informe de Tesorería como el de Intervención Xeral del Concello son contrarios a la exclusión de esos dos conceptos.
Así, la tesorera municipal apunta la necesidad de respetar en el importe de la tarifa a fijar, los costes necesarios derivados del pliego de condiciones del concurso para la selección de la empresa privada con la que se constituyó Emafesa, cuyo fin es la gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el territorio municipal de Ferrol. Señala, asimismo, que en el expediente no consta ningún informe interpretativo de que tanto la cuota fija como la financiera que se pretenden excluir «non sexan custes propios do servizo», además de incidir en que la pretendida exclusión «podería ser contraria a actos propios do Concello, sen que constase ningunha especial motivación de interese público ou normativa legal que amparase un cambio de criterio».
Por su parte, el informe de Intervención Xeral recoge que el hecho de no repercutir a los beneficiarios del servicio todos los costes y de que los asuma parcialmente el Concello, «implica que unha parte do dito custe é soportada pola xeneralidade dos veciños, en lugar de polos beneficiarios, aos que, sen atopar ningunha xustificación económica ou legal, se lles bonifica a todos eles por igual, algo que contrevén o artículo 31 da Constitución, que establece a esixencia de establecer un sistema tributario baseado na capacidade económica e nos principios de igualdade e progresividade».
Desde la Intervención municipal se añade que, además, el hecho de no trasladar a los usuarios los costes de los servicios, total o parcialmente, perjudica el consumo razonable de determinados bienes esenciales, como son los derivados del ciclo del agua, para concluir informando desfavorablemente la propuesta de no incluir en la tarifa el coste total del servicio.