El gobierno reacciona a la advertencia de multas con un contrato a una empresa externa
27 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol requiere al Concello de Ferrol la actualización de la bolsa de empleo municipal, con el apercibimiento de multas coercitivas si en el plazo de un mes no cumple lo ordenado. Las sanciones van desde 150 a 1.500 euros y se impondrán «a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado».
La orden del Contencioso Administrativo se refiere a una sentencia de diciembre del 2014 por la que se dejaba sin efecto la anulación de la bolsa de trabajo del Concello de Ferrol. El fallo en cuestión es consecuencia de un recurso interpuesto por la CIG y declaraba la obligación del Ayuntamiento de realizar los trámites oportunos para actualizar la bolsa de empleo de funcionario interino y laboral temporal.
El juzgado reitera ahora el requerimiento para que se cumpla la sentencia. Y es que, según la información recogida al respecto, mientras que en el caso de auxiliares administrativos, arquitectos, economistas, arquitectos técnicos, ayudantes de archivo-biblioteca y animadores socioculturales, las listas de inscritos ya se han baremado, otras categorías llevan años sin actualizar.
Ante la advertencia de imposición de multas, que entró en el registro del Concello el pasado día 19, el gobierno de Jorge Suárez suscribió 48 horas después, el día 21, un contrato menor con la firma J&L Tudo Consulting por importe de 13.915 euros. El objeto del mismo es la adjudicación de los trabajos de escaneado, base de datos y prebaremación de las solicitudes de la bolsa de trabajo municipal, conforme al reglamento de selección de personal funcionario interino y laboral temporal del Concello de Ferrol. La consultora, que está ligada a la Universidade da Coruña, dispone de un plazo de tres meses para aportar una solución «que permita cumprir coa sentenza xudicial e facer a baremación para cubrir os postos con persoal eventual e interino de todas as necesidades existentes», según se informa desde el gobierno local.
El alcalde, Jorge Suárez, insistió ayer en que se trata de una sentencia difícil de ejecutar, que deriva de la acción de mandatos anteriores, y salió al paso de las críticas de los representantes sindicales de la plantilla municipal manifestando que «non se trata de privatizar servizos, senon de recurrir puntualmente a unha solución temporal para satisfacer as demandas que existen en negociados tan sensibles como Benestar Social». Y es que en su segunda concentración de los martes del pasado día 25, los miembros de la Xunta de Persoal y del Comité de Empresa del Concello de Ferrol criticaron el hecho de que el gobierno contratase una empresa externa para actualizar la bolsa de empleo, algo que hasta ahora siempre se hizo con personal municipal. A este respecto, el regidor ferrolano puso de manifiesto las dificultades de hacerlo desde dentro, precisamente por falta de personal, señalando que en los últimos meses cesaron la jefa del servicio, la de sección y la del negociado de Recursos Humanos, que se ha quedado solo con cuatro personas y un eventual contratado a través de una subvención de la Xunta, «que emplean toda a xornada laboral e parte da tarde en tratar de poñer o día o negociado», apostilló Suárez.