Una de charcos


Ferrol

Los trabajadores de Navantia se cogieron sus vacaciones de verano con las aguas relativamente calmadas. Después de la polémica suscitada por el relevo en la cúpula de su compañía, que apartó al primer presidente que había crecido profesionalmente en la propia empresa pública para colocar de nuevo a una dirigente de perfil político, las aguas volvieron a su cauce. La firma del contrato de construcción de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí devolvió la tranquilidad a los astilleros públicos. Despejó cinco años de carga de trabajo en la factoría de San Fernando (Cádiz) con un pedido valorado en 1.800 millones de euros, lo que allanó el camino para el desarrollo del plan industrial que ha presentado la empresa para el período 2018-2023.

Pero el regreso no ha sido tan sereno. La decisión del Ministerio de Defensa de congelar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí desató una tormenta política y laboral que ha tenido al Gobierno durante diez días en el foco de mira. Muchos aún nos estamos preguntando el porqué de esa entrada innecesaria en ese charco. Tanto si fue por imprudencia o por una decisión unilateral sin comunicar al resto del Ejecutivo, la crisis abierta ha dejado unas cuantas huellas, de las que por el momento nadie se ha responsabilizado.

El Gobierno, que no deja de insistir en su compromiso con el empleo industrial, tiene ante sí la ocasión de oro para demostrar con hechos -y no solo con llamadas a la calma y la serenidad- el grado de ese propósito. Poner fecha a la firma de la orden de ejecución de las futuras fragatas F-110 para la Armada española sería el mejor gesto para Navantia y para Ferrol.

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