Las facturas se pagan con reconocimiento extrajudicial de crédito
18 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno de Ferrol tiene sin contrato a la empresa encargada de la gestión de las multas de tráfico y de la tramitación de otras sanciones por incumplimiento de ordenanzas municipales, a excepción de las urbanísticas, tributarias y disciplinarias. El contrato suscrito el 16 de marzo del 2016 con la empresa Recyges tenía una vigencia de un año, prorrogable por otro más, por lo que lleva cinco meses vencido. De ahí que el abono de los servicios prestados a partir de ahí se realice a través de facturas que tienen que someterse al procedimiento excepcional de reconocimiento extrajudicial de créditos, como ocurre con las del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria o el del mantenimiento de jardines y zonas verdes.
El primer cargo, por importe de 3.712,26 euros, ya fue aprobado por la Xunta de Goberno local en la sesión celebrada el pasado día 10 de agosto y se dará cuenta del mismo en la Comisión de Contas convocada para el próximo martes.
El alcalde, Jorge Suárez, informó ayer a este periódico que la tramitación del nuevo contrato está ya con propuesta de adjudicación y se inició antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público. De hecho, el expediente de contratación administrativa y la convocatoria de la licitación del servicio de gestión de los expedientes derivados del ejercicio de la potestad sancionadora del Concello de Ferrol se aprobó por la Xunta de Goberno el día 5 de marzo. El nuevo pliego establece como tipo de licitación un porcentaje de participación máxima del 33 % en los ingresos efectivos que se lleven a cabo en las cuentas municipales en período voluntario de cobro, fijando un presupuesto máximo del contrato de 132.330 euros por año. El plazo de vigencia se fija en dos años, prorrogables por otros dos.
El contrato por el que Recyges viene prestando el servicio desde hace años con una plantilla de tres personas que tienen su puesto de trabajo en el cuartel de la Policía Local suponía la participación de la empresa en un porcentaje del 23 % de lo recaudado.