En el año 2013 el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas emitió un informe sobre como el Estado español había tratado los casos de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. El diagnóstico fue demoledor. Frases como: «El Estado está lejos de las víctimas» o «El Estado ha dejado a los descendientes librados a su propia suerte» expresan con claridad el resultado de los meses de investigación que, sobre el terreno, los técnicos comisionados desarrollaron en nuestro país. En el mismo informe y, siguiendo pautas internacionales de cómo históricamente se trataron situaciones similares, se hacían una serie de recomendaciones y se instaba al gabinete de Mariano Rajoy a su puesta en práctica. Finalizado el año 2017 ya sabíamos el resultado. El señor Rajoy no solo no había avanzado nada en esta materia sino que, además, alardeaba constantemente de que mientras fuese presidente no dedicaría ni un solo euro a nada que tuviese que ver con la memoria histórica. A día de hoy, con un nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, comienzan a tomarse las primeras medidas contempladas por la ONU. Algunas de las recogidas en el dosier citado -y que parece que se irán poniendo en práctica- son: creación de una Comisión de la Verdad; resignificación del Valle de los Caídos; anulación de las sentencias de tribunales franquistas y juicios celebrados sin derecho a la defensa; plan nacional de búsqueda de desaparecidos; ilegalización de fundaciones, asociaciones o instituciones que hagan apología del franquismo; retirada de condecoraciones y privilegios económicos vinculados a la Guerra Civil y la Dictadura, y otras de este tenor.
A la espera de que el Estado se acerque a las víctimas, la llamada sociedad civil se ha puesto en marcha tratando de encontrar la verdad, justicia y reparación de la infamia vivida hace ya tantos años.
Algunos Ayuntamientos, asociaciones de familiares e historiadores, están intentando, sin ayudas públicas, devolver la dignidad a la democracia violentada en el alzamiento de 1936. Muy cerca de aquí, en el cementerio de Vilarraso en Aranga, se están exhumando los restos de 37 asesinados en la que se considera la mayor fosa común de Galicia. Los vecinos de Sada trabajan en la recuperación del Pazo de Meirás, los de A Coruña en la devolución de la Casa Cornide y los de Santiago en la vuelta de las estatuas de Abraham e Isaac. En nuestro rincón atlántico, comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se han contabilizado y documentado cerca de mil asesinados entre 1936 y 1975 con el propósito de grabar sus nombres en un monumento que les asigne un lugar destacado en la memoria colectiva. Es de justicia.