El cambio de Gobierno arroja incertidumbre sobre el futuro de la empresa pública en un momento en el que se negocia un plan reclamado por todos los partidos
17 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Como empresa pública que es, cuando se produce relevo en las bancadas del Gobierno central, tradicionalmente en Navantia se le da al botón de la pausa. Dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la toma de decisiones de calado suele congelarse a la espera de que el nuevo equipo que tome las riendas de la corporación decida la cúpula que quiere para mover el timón de los astilleros españoles, lo que suele implicar varios meses en situación de compás de espera. Sin embargo, la llegada al poder de Pedro Sánchez se produce en un momento para Navantia completamente diferente a los anteriores.
El Ejecutivo socialista se estrenó en plena negociación del plan estratégico de Navantia para el período 2018-2022, un programa de futuro en el que, además de pactar el tan ansiado rejuvenecimiento de las plantillas, contempla también un nuevo marco de relaciones laborales único para toda la compañía. En el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, todos los grupos del arco parlamentario se pronunciaron a favor y aprobaron iniciativas para reclamar la ejecución de este plan de futuro, por lo que parece poco probable que el equipo de Sánchez vaya a ordenar ahora un vuelco sobre este programa.
Tras las últimas reuniones entre la dirección de la empresa y los sindicatos, los interlocutores sociales se pronunciaron públicamente para instar al Ejecutivo a «potenciar, impulsar e facilitar as negociacións do plan industrial e do convenio único». Además, reclaman que «dilixentemente, despexe calquera incerteza sobre a situación da empresa, evitando coas súas decisións, calquera tipo de ralentización destas negociacións que son vitais nestes momentos para a súa viabilidade futura, e que se centre en concretar canto antes os proxectos de contratación que dependen dos seus diversos Ministerios, impulsar novas contratacións e maior carga de traballo para dar a máxima ocupación a todos os centros de Navantia».
Aunque la situación económica de la firma es uno de los motivos de calado para aprobar ese plan, también hay otros de peso, como la necesidad de una transformación radical de la empresa, ajustándose a los parámetros del Astillero 4.0 y, principalmente, acompañada de la entrada de savia nueva, después de casi dos décadas sin entradas significativas de personal en los astilleros públicos. Además, en estos momentos, tiene importantes retos en cartera, como la construcción de las corbetas para Arabia Saudí, el desarrollo de las fragatas F-110, para las que las cuentas del Estado incluyen las primeras partidas, y los distintos concursos para los que espera adjudicación en Australia, Estados Unidos y Canadá, entre otros.
La incógnita de Vilasánchez
Otra de las incógnitas que preocupa en el naval público es si, precisamente en estos momentos clave para la negociación del programa de futuro, el presidente de la compañía, Esteban García Vilasánchez, continuará al frente de la compañía. A diferencia de los anteriores, es un profesional que ha labrado la mayor parte de su carrera en los astilleros de la ría de Ferrol y ha ostentado distintas responsabilidades en la empresa. Cumple así una de las mayores demandas que, a nivel interno y social se ha venido planteando para la persona encargada de dirigir la compañía.
Por otro lado, después de la convulsa época del anterior presidente, José Manuel Revuelta, ha logrado recomponer las relaciones laborales en Navantia, incluso volviendo a dar protagonismo a los sindicatos en actos públicos de la compañía. Por ello, aunque habrá que aguardar a lo que suceda en las próximas semanas, en círculos próximos al naval se subrayan todos esos factores para incidir en la necesidad de mantener la estabilidad en unos momentos claves para la firma. De momento, las negociaciones continúan la semana próxima.