Las llaves de los pisos de Recimil pasan de mano en mano y algunos desahucios no se pueden ejecutar porque los moradores denunciados ya no están, pero hay otros
09 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Del millar de viviendas de propiedad municipal del barrio de Recimil, cerca de 900 están alquiladas, otras se encuentran en proceso de revisión y es probable que la situación de los inquilinos sea regularizada, pero alrededor de cuarenta pisos están pasando de unos okupas a otros, por lo que su recuperación resulta casi imposible. Desde septiembre del año pasado, el Concello de Ferrol tramitó en los juzgados un total 23 demandas solicitando el desalojo de otras tantas viviendas de Recimil.
La mayoría de estos procedimientos están sin resolver, por el trabajo acumulado de los juzgados de Primera Instancia y porque el avance de las resoluciones se ha visto frenado en los últimos meses a causa de la huelga de los funcionarios de Justicia.
Aún así, desde enero del presente año hasta el pasado día 1 de junio se dictaron un total de 47 órdenes de lanzamiento, de las que 26 fueron promovidas por particulares por el impago de alquileres, 15 corresponden a ejecuciones hipotecarias y las seis restantes son desahucios promovidos por el Concello en las viviendas municipales de Recimil.
En algunos casos, los menos, los demandados ya desalojan la vivienda cuando reciben la notificación del juzgado.
El problema se presenta con los que realmente responden al significado del término okupa, que recurren a mil y una artimañas para burlar la actuación del Concello y de los órganos judiciales. Según la información recogida al respecto, los encargados de ejecutar las órdenes de lanzamiento se están encontrando con que las personas que habitan la vivienda que tiene que ser desalojada ya no son las que fueron objeto de la demanda del Concello, por lo que no se pueden echar.
Lo que está ocurriendo es que, cuando tienen conocimiento de la demanda, algunos okupas entregan las llaves a otros y cuando les llega la orden de lanzamiento o incluso el día del desalojo, la comisión judicial se topa con otras personas. En alguna ocasión, incluso se tiene dado el caso de que ya son los terceros ocupantes. En esos casos, el Concello tiene que ampliar la demanda a esas segundas personas, por lo que se tiene que celebrar la que se conoce como una «vistilla» en el juzgado, a fin de que esos nuevos okupas aporten la documentación necesaria para determinar si cumplen los parámetros establecidos para tener acceso a una vivienda municipal. Si logran acreditarlo, su situación se regulariza.
El Concello de Ferrol suele tener conocimiento de la ocupación de viviendas a través de la Policía Local, por las quejas de los propios vecinos. Y es que, al margen de que algunos okupas son personas conflictivas, el hecho de que las viviendas deshabitadas carezcan de agua y energía eléctrica, en la mayoría de las ocasiones lo solventan enganchando los servicios a los de algún vecino.
Los avisos ciudadanos por movimientos extraños posibilitan que, en ocasiones, la Policía Local pueda frenar las ocupaciones en el momento que se están produciendo. Ocurrió hace unos días y los agentes detuvieron a dos personas que, haciéndose pasar por un trabajador municipal y una asistente social, estaban franqueando el acceso a un piso tapiado. Cuando los okupas llevan varios días dentro ya hay que acudir al juzgado.