La empresa presentó un recurso para cobrar parte de los 1,5 millones adeudados
01 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La empresa Urbaser acaba de abrir la puerta a un nuevo procedimiento judicial contra el Concello de Ferrol, cuando todavía no se ha resuelto la demanda interpuesta por su filial Socamex reclamando 2,6 millones de euros por el período de tiempo que la tasa de saneamiento estuvo suspendida. El nuevo recurso de la firma responsable del servicio de basuras, que está sin contrato desde diciembre del 2014, se refiere a la limpieza viaria, por la que el Concello acumula ya una deuda cercana a los 1,5 millones.
La reclamación está en manos del gobierno de Jorge Suárez desde principios del pasado mes de marzo, en forma de recurso potestativo de reposición, y, de no resolverse a favor de Urbaser, desembocará en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
La empresa funda su reclamación en que, bajo sus argumentos, se está incurriendo en una desviación de poder, un vicio contemplado en la legislación contencioso-administrativa que consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, Urbaser solicita la nulidad de cuatro acuerdos plenarios, en concreto los del 28 de septiembre, 26 de octubre, 23 de noviembre y 28 de diciembre del año pasado, y de las resoluciones por las que se rechazó el abono de varias facturas del servicio de limpieza. Dichos cargos corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del 2017, y suman 496.694,46 euros. No obstante, la deuda acumulada por el Concello se aproxima ya a estas alturas del 2018 a cerca de 1,5 millones, porque faltan por tramitar las facturas generadas desde finales de septiembre hasta ahora. Pero la cuantía que, si prospera el recurso, la administración municipal tendrá que abonar todavía es mayor, ya que Urbaser reclama los intereses de demora generados, más los que se devenguen hasta el efectivo abono del principal pendiente.
En su recurso, la empresa refiere, asimismo, una supuesta vulneración de los principios de seguridad jurídica e igualdad de trato recogidos en La Constitución, ya que el gobierno ha accedido a la petición de la oposición de desglosar las facturas que iban en el mismo paquete para reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que solo se aprobaron las emitidas por otras empresas.
En consecuencia, Urbaser concluye que la carente motivación de las decisiones municipales respecto a sus facturas pone de manifiesto que el interés real del Concello o, en su caso, de los concejales que injustificadamente votaron en contra, no es otro que, cuando menos, y «sin entrar a valorar otras cuestiones que podrían encajar en ilícitos enjuiciables en otras jurisdicciones», forzar decisiones políticas de municipalización de los servicios. Añade que esa es una cuestión totalmente ajena a los servicios efectivamente prestados, con la consecuencia de no proceder al pago de lo debido, «lo que da lugar al enriquecimiento injusto de una administración, con claro perjuicio económico de esta sociedad mercantil, lo que permite entender que se incurre en desviación de poder», concluye el recurso de Urbaser.