Los tribunales tendrán que resolver cinco asuntos referidos a la actividad municipal
22 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Las denuncias y demandas relacionadas con el gobierno municipal de Ferrol comienzan a amontonarse en los juzgados. A las habituales reclamaciones de peatones y conductores por incidencias debidas al mal estado de las aceras y las calles, junto con las demandas de desalojo de viviendas de Recimil promovidas por el Concello, se van sumando otros pleitos que atañen directamente a la gestión municipal.
En la actualidad, están interpuestos o en curso cuatro procedimientos judiciales de gran calado. El último es la denuncia presentada el pasado lunes por la Plataforma en Defensa dos Servizos Públicos contra el alcalde y el equipo de gobierno por presuntos delitos de estafa y prevaricación por el cobro de la tasa de saneamiento. Este asunto podría derivar en un quinto caso si finalmente Jorge Suárez materializa su reciente anuncio de emprender acciones por las vías civil y penal contra los firmantes de la denuncia.
Retirada de dedicaciones al gobierno. Uno de los procedimientos que todavía no se ha resuelto, y que también fue auspiciado por el regidor local y su equipo de gobierno, corresponde a la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra la retirada de la dedicación exclusiva a la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, fruto del consenso alcanzado entre el PSOE y el PP en una nueva redistribución de las dedicaciones exclusivas y parciales. Dicho acuerdo se materializó en el pleno del 24 de noviembre del 2016, desde el que el que el gobierno se quedó solo con tres concejales con dedicación exclusiva, frente a las ocho parciales que se reparten entre los grupos de la oposición.
La expulsión de Leira de FeC. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo también está tramitando otra demanda interpuesta por la concejala no adscrita Esther Leira, referida a su expulsión del grupo municipal de Ferrol en Común (FeC). La edila solicita la anulación de la resolución del alcalde que determinaba su nueva condición de concejala no adscrita, a raíz de que el grupo municipal de FeC hubiese resuelto su expulsión del partido y, por lo tanto, del equipo de gobierno. La medida en cuestión tuvo su origen en el hecho de que Esther Leira se hubiese ausentado de un pleno celebrado en junio del año pasado, cuando se estaba sometiendo a votación una modificación de crédito en la que no se habían incluido los 300.000 euros que, según explicó la afectada, el propio Jorge Suárez se había comprometido a consignar para la reposición de una cubierta en el barrio de Recimil. Esta expulsión de la que había sido concejala de Obras, Vivenda e Rehabilitación, y que ahora ejerce en la oposición, dejó todavía en una mayor precariedad al equipo de gobierno
Demanda de Socamex contra el Concello, pendiente de sentencia. La que ya está finiquitada y solo pendiente de que se dicte sentencia es la demanda interpuesta en marzo del año pasado contra el Concello de Ferrol por parte de Socamex, la división de aguas de Urbaser que ejerce como socio privado en Emafesa, por la decisión del gobierno local de suspender el cobro de la tasa de saneamiento. La empresa estimaba entonces en 2,6 millones de euros el importe que dejó de ingresar por ese concepto.