Era finales de diciembre del 2000 y en la sede de la SEPI en Madrid, el entonces como hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ponía de largo la nueva empresa del naval público, Izar, resultante de la fusión de los astilleros militares y los civiles. Pero lejos de lo que parecía una jornada de fiesta, entre los directivos de la antigua Bazán predominaban las caras largas. Se había consumado un ajuste que no querían, temerosos de que las cuentas de resultados de las plantas civiles lastrasen la nueva sociedad.
Solo cuatro años después, Izar saltó por los aires, dinamitada por la exigencia de la Unión Europea de que el Estado español devolviese más de 1.600 millones de euros en concepto de ayudas que habían sido cobradas ilegalmente. Fue una negociación de un ajuste y de un plan industrial muy dura, que culminó con la privatización de varios astilleros civiles y la salida anticipada de 1.400 trabajadores, poniendo en marcha Navantia en marzo del 2005.
El lunes, la SEPI y la empresa pública y sus representantes sindicales escenificaron el arranque de las negociaciones del plan industrial de la compañía para el próximo lustro. Pese a que nadie cuestiona que habrá discrepancias, el escenario del punto de partida ya no se parece en nada a los últimos ajustes. Ahora, tanto la dirección como la parte social y todos los grupos políticos nacionales han defendido que se ponga en marcha un nuevo plan industrial. El Gobierno se compromete a poner en marcha un programa de rejuvenecimiento de las plantillas, que es oro en unas comarcas ávidas de empleo y a invertir para modernizar los centros. Que no se tuerza ese espíritu.