¿Qué pasa con el convenio de Defensa?

Las negociaciones iniciadas hace casi 30 años para la reversión de diez propiedades siguen sin cerrarse


Ferrol

Las negociaciones iniciadas hace casi treinta años para la cesión de diez instalaciones del Ministerio de Defensa desafectadas de uso militar siguen sin cerrarse a día de hoy. Varias corporaciones municipales han trabajado en el asunto. La primera reunión con el director general de Infraestructuras del citado ministerio tuvo lugar el día 30 de octubre del 1990, siendo alcalde de Ferrol el socialista Manuel Couce Pereiro. Cuatro meses antes, el mismo regidor local había firmado con el ministro Narcis Serra la cesión al Concello del viejo Hospital Naval, hoy sede del campus universitario de Ferrol. Entre las instalaciones que se pretendían incluir en ese segundo convenio, que son las que todavía siguen pendientes, también figuraba el castillo de San Felipe, que finalmente fue comprado por cerca de un millón de euros en diciembre del 2000.

¿En qué situación está ahora la negociación del convenio con Defensa?

El gobierno de Ferrol en Común mantiene el mutismo al respecto, ya que solo dice que está «pendiente de informes». La última reunión de la que se informó públicamente tuvo lugar el día 15 de junio del año pasado en Ferrol, con la asistencia de representantes del Instituto de Vivenda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied). La idea que se trasladó de la misma fue que se habían aproximado posturas. El director gerente del Invied, Atilano Lozano, había manifestado: «Estamos trabajando duramente para encontrar soluciones y parece que hay posibilidades de que lleguemos a un acuerdo». No obstante, indicaba que «aún falta un desarrollo de carácter técnico muy importante», sin explicar más. El alcalde, Jorge Suárez, abundaba más en la cuestión, señalando que el paso siguiente sería la presentación, por parte del Ministerio, de un protocolo de actuación para el desarrollo de la parcela del Sánchez Aguilera, para su urbanización y demolición por fases. A nivel oficial no hubo más información pública, pero este periódico ha podido saber que el atasco radica en que están pendientes el proceso de reparcelación y el abono, por parte del Concello, de los 420.000 euros pendientes desde que el anterior gobierno del PP firmó, en marzo del 2015, el convenio que sigue pendiente de aprobación definitiva.

¿Sigue habiendo interés por ambas partes en llegar a un acuerdo?

En este largo proceso, tanto el Concello como Defensa, en momentos distintos, amagaron con renunciar. No obstante, el alcalde había dicho en junio del año pasado que le gustaría cerrar el convenio en su mandato y que, si era posible, lo haría. No obstante, la necesaria aprobación del Plan Especial de Reforma Interior del Sánchez Aguilera sigue sin llevarse a pleno y tampoco se han aprobado lor presupuestos, por lo que no se dispone de los 420.000 euros pendientes de abono a Defensa. Por parte del Ministerio, fuentes consultadas al respecto han manifestado a La Voz que existe un cierto hartazgo de esperar, si bien se mantiene dispuesto a urbanizar por fases el Sánchez Aguilera.

¿Qué supondría el desarrollo de la parcela del Sánchez Aguilera?

La urbanización de la principal pieza del convenio, el antiguo cuartel Sánchez Aguilera, permitirá articular el sistema viario de una parte importante del centro, mejorando el aspecto de la ciudad. Independientemente de que se construyesen edificios o no, ya que, debido a la coyuntura económica Defensa ya trasladó al Concello en marzo del año pasado su escaso interés por edificar en las parcelas del viejo cuartel, la propuesta de viario supondría la conexión de la plaza de España con O Raposeiro y una salida directa desde la calle Rubalcava hacia el cuartel de la Guardia Civil, además de regularizar las actividades que se están desarrollando en el Sánchez Aguilera.

¿Desde el punto de vista jurídico, qué podría implicar el retraso?

A nivel jurídico, el convenio podría darse por vencido por imcumplimiento. Cuando el gobierno del PP rubricó el acuerdo en marzo del 2015, se había dado un año de plazo para la aprobación definitiva por parte del pleno. En aquel momento, los dos ediles de Esquerda Unida -formación ahora integrada en Ferrol en Común- habían solicitado la retirada del punto para un mejor estudio y finalmente se ausentaron del pleno para no votar.

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