El gobierno tampoco remunicipalizará el contrato para el servicio eléctrico

FERROL CIUDAD

CÉSAR TOIMIL

Suárez adjudicó por un año, prorrogable, el suministro de luz y el mantenimiento

05 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

A menos de año y medio de las próximas elecciones locales, el gobierno de Ferrol acaba de aprobar la firma de sendos convenios para el suministro y el mantenimiento del alumbrado público y las instalaciones municipales por un período de un año prorrogable por otro más.

Este hecho supone, en la práctica, la renuncia a la remunicipalización del servicio que defendía el gobierno ferrolano desde el inicio del mandato y sobre el que el propio alcalde, Jorge Suárez, aseguraba en diciembre del 2016 que la renuncia a la adjudicación del contrato que procedía del anterior mandato del PP era el primer paso para la remunicipalización del servicio. En esta línea, el regidor manifestaba: «Non queremos esgotar o mandato sin, cando menos, intentalo e se é posible facelo».

El alcalde apuntaba también entonces la posibilidad de acudir a un contrato puente mientras se preparaban los trámites para que el servicio fuese prestado por personal municipal.

Viendo el tiempo que resta y la duración inicial de los dos nuevos contratos aprobados ahora, resulta materialmente imposible que la remunicipalización se pueda acometer antes de las próximas elecciones.

En el caso del suministro eléctrico, los trámites se iniciaron el 29 de mayo del pasado año con la convocatoria de un procedimiento abierto al que concurrieron cinco empresa. Tras las oportunas baremaciones e informes técnicos, el servicio se adjudicó el pasado día 2 de este mes de enero a Gas Natural Comercializadora S.A., por 2.039.966,11 euros.

Por lo que respecta al mantenimiento del alumbrado público y en las dependencias municipales, así como del sistema semafórico, el contrato fue adjudicado a la firma Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (Sice), por un canon anual de 836.279,84 euros, que se formalizó el pasado día 30 de noviembre.

La suma de ambos contratos supondrá un desembolso anual para las arcas municipales de 2.876.245 euros, cifra sensiblemente superior a los 2,75 millones en los que estaba fijada la licitación que dejó preparada el anterior gobierno del PP por los dos conceptos, suministro y mantenimiento, si bien en este caso se trataba de una adjudicación por un período que inicialmente se había fijado en 15 años, aunque después se rebajó a trece y medio.

La que consideraron excesiva duración del contrato de los populares fue la que propició que el gobierno de Jorge Suárez lograse el apoyo de los socialistas, el BNG y Ciudadanos -el PP se abstuvo- en el pleno extraordinario celebrado en diciembre del 2016 en el que se aprobó la renuncia al contrato del gobierno anterior, que recaería en la multinacional FCC y en la firma local Sefcon. Ese apoyo de parte de la oposición llevaba implícita la petición de que «el gobierno comenzase a trabajar para regularizar la situación», según expuso el concejal socialista Bruno Díaz, mientras que el portavoz del BNG, Iván Rivas, instaba al equipo de Suárez a «declarar que se trata dun servizo esencial e prioritario e a iniciar os trámites da remunicipalización».