El gobierno alerta de las consecuencias de no levantar la suspensión, pero el PP votará en contra si se celebra ya el pleno
09 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El despropósito de la tasa del saneamiento en Ferrol está a punto de escribir un nuevo capítulo de repercusión incierta. El pleno convocado para mañana está en la cuerda floja. De celebrarse, el gobierno acudirá a él sin ningún apoyo garantizado. Y con todas las papeletas para que sea un nuevo pleno frustrado, después de que ayer el PP haya tensado un poco más la cuerda con la que el socio privado de Emafesa, Socamex, maniató al gobierno local al amenazar con llevar al juzgado la disolución de la sociedad si no había tasa antes del día 21. Los populares han pedido que se desconvoque el pleno y que el alcalde solicite informes previos sobre la decisión al Consello de Contas y al Consello Consultivo.
¿Habrá pleno mañana?
Está por ver. El gobierno local sostiene que lo mantendrá, a pesar de la postura del grupo mayoritario, pero, como otras veces, podría cambiar de opinión. Sobre todo porque a menos de 24 horas del pleno convocó para esta mañana una reunión con los portavoces municipales, los ediles consejeros, el secretario y el interventor para informar «da gravidade que pode ter o non levantamento da taxa», expuso el portavoz de Ferrol en Común, Álvaro Montes. «Calquera cousa que non sexa ter 25 votos sería irresponsable», asegura. En todo caso, asegura que habrá pleno antes del día 21.
¿Qué consecuencias tendría si no se levanta la suspensión?
La primera, la entrada en los juzgados de la disolución de Emafesa, tras el ultimátum del socio privado de la empresa mixta. Aunque el gobierno aceptase la exigencia del PP, los informes no llegarían antes de la fecha límite, por lo que solo un acuerdo previo evitaría la judicialización del caso. Si es así, el ejecutivo ya advierte de graves consecuencias. Entre ellas, que se podría estimar al Concello responsable de la disolución y la parte privada podría exigir una compensación económica que «non podemos cifrar, pero que pode ser incluso maior que a marxe do beneficio empresarial de prestar o servizo». Y que, a fin de cuentas, pagarían los ferrolanos. Pero también podría haber responsabilidades patrimoniales, e incluso penales, para los concejales por permitir la despatrimonialización. «As repercusións son inimaxinables (...) Calquera cousa que non sexa levantar a taxa o venres, apaga e vámonos. Acabaría de alucinar xa non co nivel político, senón do que un quere para esta cidade». El gobierno apela a la «responsabilidade» de los demás partidos para evitarlo.
¿Se ha negociado?
En los últimos meses, solo ha habido conversaciones con PP y Ciudadanos, después de que «aliados naturales» como el PSOE o el BNG hayan mostrado su rechazo a esa tasa. El portavoz nacionalista, Iván Rivas, calificó de «despropósito» la convocatoria del pleno y apuntó que «o mesmo PP é incapaz de validar a taxa que impuxo no 2014».
¿Por qué se resiste el PP a reactivar la misma tasa que puso en marcha?
Los argumentos oficiales pasan por que, como expuso la portavoz, Martina Aneiros, «levantar la suspensión de la tasa no soluciona las enormes pérdidas que llevaron a incurrir en esa causa de disolución». Considera una «irresponsabilidad» haber convocado el pleno y justifica que los informes solicitados ahora son imprescindibles para que se garantice que «los ferrolanos no tendrán que asumir» las consecuencias de la mala gestión de Jorge Suárez. Si se celebra el pleno sin esos informes, el PP ya avanza que votará en contra, lo que en la práctica supondrá que la tasa seguirá suspendida. Pero además, con esta situación el PP consigue poner en evidencia una vez más la situación de debilidad de Suárez. Y la situación ahora es muy distinta a la que se vivía cuando se activó por primera vez esa tasa. El gobierno local, a través de Suso Basterrechea, lo considera dilación «por intencións políticas» para «intentar mostrar esa imaxe de incapacidade de chegar a acordos».