Argumenta que la presión fiscal de los ferrolanos es inferior a la de otras ciudades
18 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Pese a llevarlo a comisión avalado por tres informes técnicos y jurídicos municipales, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se niega a rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La reducción del tipo aplicado a la conocida popularmente como contribución la pidió el grupo municipal del PP, que considera «asumible» una minoración que rondaría el 5 % en el recibo. Se conseguiría modificando el coeficiente aplicado del 0,63 al 0,60, lo que supondría dejar de ingresar 689.000 euros al año en las arcas municipales.
El gobierno local llevó ayer a debate esta cuestión -aunque no llegó a ser dictaminada por falta de documentos-, que fue planteada por los populares en forma de moción a principios de septiembre. Pero lo hizo adelantando que votará en contra de esa propuesta. Aunque el ejecutivo local no quiso ayer pronunciarse al respecto, según trasladó el alcalde a la oposición el motivo es que los ferrolanos sufren una presión fiscal inferior a la de otras ciudades como A Coruña y Santiago.
Esgrimió para ello los datos comparativos incluidos en varios de los informes aportados, en los que se aporta el valor catastral medio en las tres ciudades (76.703 euros en Compostela, 57.942 en la ciudad herculina y 48.460 en Ferrol).
El promedio
Esto supone que, de media y aplicando un tipo del 0,60, un contribuyente pagaría aquí 290 euros, un coruñés 347 y un santiagués 460. La presión fiscal por habitante en 2016 en Ferrol fue de 399 euros, frente a los 626 y 675 de A Coruña y Santiago, respectivamente. Además, la media en entidades del mismo rango de población que la urbe naval sería de 661 euros, mientras que el promedio provincial se situó en 479 y el del Estado, en 660.
La portavoz del PP, Martina Aneiros, lamentó la actitud de Jorge Suárez y lo acusó de oponerse por una «cuestión caprichosa» y por «afán recaudatorio». Considera que se dan los argumentos que justifican la rebaja y asegura que se trata de una propuesta «en positivo» que «no es una cuestión de partidos, sino de ciudad».
Que el gobierno local vote en contra no quiere decir que la propuesta no se llegue a aprobar. Los de Suárez y su equipo suman siete de los 25 votos de la corporación, frente a los 11 del PP. Serán los demás grupos municipales los que determinen si la propuesta se aplica o no, dependiendo del sentido de su voto, que no adelantaron ayer. Entre otras cuestiones, porque a la comisión no se llevó la propuesta que el gobierno debe elevar al pleno. De en qué forma se presente a ese órgano dependerá también su aplicación, porque aunque inicialmente el PP lo planteaba como moción, ahora se aguarda que se presente como un punto dentro del orden del día. Y que, por tanto, si sale adelante el gobierno tenga que aplicarlo de forma obligatoria, mediante la modificación de la ordenanza fiscal que regula el IBI. El grupo municipal popular apeló a la «responsabilidad» de los demás partidos para que respalden la iniciativa. Y pidió que se celebre una comisión extraordinaria de Facenda previa a la convocatoria del pleno, después de que el gobierno local hubiese entregado la propuesta en la misma comisión, sin tiempo suficiente para examinarla.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Beatriz Sestayo, no quiso ayer avanzar la posición de su grupo, a la espera de que se entregue toda la documentación para decidir su voto.