La cesión ante el PP y la retroactividad ponen a la izquierda y a parte de la opinión pública en contra del alcalde
08 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ferrol se encuentra de nuevo enredado en la madeja de la tasa del saneamiento en la que vive desde el 2014. El anuncio de la intención del gobierno local de retomar la tasa del anterior mandato que había denostado ha desatado de nuevo la polémica, en el Concello y en la calle, donde cunden las dudas ciudadanas ante lo que viene y el descontento por las contradicciones.
¿Por qué no se levantó la suspensión de la tasa en abril, cuando ya se depuraba?
Por decisión del gobierno local. Haberla reinstaurado en ese momento habría ahorrado al equipo de Suárez el lastre político y ante la opinión pública de tener que aplicarla igualmente ahora y con carácter retroactivo desde el 3 de abril. Sin embargo, el ejecutivo local confiaba entonces en poder llegar a algún tipo de acuerdo para sacar adelante su propia tasa, pese a que ya se acumulaban dos meses y sucesivos intentos, desde que se llevó por primera vez a pleno en febrero. Después vendrían otros tres intentos infructuosos, los cuatro «bloqueos» que ahora denuncia continuamente el alcalde.
¿Por qué ahora?
Por la situación económica municipal y los riesgos para el equipo de gobierno. Aunque el alcalde aseguraba hace semanas que el Concello tenía capacidad para seguir afrontando con sus propios fondos el coste de la depuración hasta la llegada de la nueva tasa, lo cierto es que no. Un informe de Intervención alertaba de que la situación solo podía mantenerse dos meses, plazo que se agotó en junio. Pero además, el propio Suárez decía esta semana que de no activarse ya, sería necesario recortar los fondos para departamentos como, por ejemplo, Servicios Sociais. Y aunque el alcalde lo niega, otro motivo clave han sido las responsabilidades patrimoniales, e incluso penales, en que podría incurrir él mismo y su equipo por haber adoptado la decisión de suspender la tasa, cuestión sobre la que se le viene advirtiendo desde hace tiempo. Además, aclarar la cuestión de la tasa es necesario para poner encima de la mesa unos presupuestos que el gobierno local fue incapaz de presentar hasta ahora. Que las arcas municipales sufraguen directamente el coste del servicio es, además, injusto: supone que todos los ferrolanos, independientemente de que disfruten o no de saneamiento, paguen. Y que lo hagan por igual quienes tienen varias propiedades y quienes no tienen ninguna.
¿Cuándo, cuánto y cómo se pagará?
Ni el propio gobierno lo sabe. Con la tasa del PP el coste por domicilio era de unos 70 euros al año de media. Durante su vigencia se recaudaron 800.000, pendientes aún de su devolución. Por el momento se desconoce cuándo habrá que pagar, entre otras cosas, porque la reposición de la tasa tiene que pasar por un pleno que ahora está sin fecha. Tampoco se sabe cómo se aplicará la retroactividad, aunque Suárez garantiza que se darán «todas as facilidades» y que se estudia si devolver lo ya pagado en la anterior etapa a través de su descuento en los próximos recibos.
Pero ¿quedará instaurada la tasa del PP?
Si se logra aprobar el levantamiento de la suspensión que pesa desde septiembre de 2015, en un primer momento, sí. No obstante, el alcalde asegura que se iniciarán las gestiones de forma «inmediata» para modificar el importe que se pasará al cobro, porque lo cierto es que la tasa aplicada en el anterior mandato es superior a los actuales costes de depuración. En todo caso, la inmediatez parece una difícil empresa, tras las dificultades existentes para convocar el pleno y ocho meses de intentonas.
¿Qué factura política supondrá para Suárez?
Asumir la tasa del PP es una de las mayores renuncias del mandato, la contradicción de lo que había defendido el alcalde en campaña y tras empuñar el bastón. Su cambio de postura en este tiempo ha puesto en contra a sus aliados «naturales»: el PSOE y el BNG, que recoge firmas en contra de la tasa. Y por el camino, ha sumado nuevos enemigos. El primero, la Plataforma en Defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización, colectivo del que formó parte el alcalde en sus inicios y con la que gritaba en la plaza de Armas «¡Non á taxa!». Ahora esta plataforma pide su dimisión y califica su nueva postura de «engano, fracaso e fraude». Además, la ahora concejala no adscrita Esther Leira, anteriormente parte del gobierno y de FeC, ya ha anunciado que ante la «gravidade inaudita» por la tasa críticos con la labor de Suárez convocan para el 28 de octubre una asamblea constituyente para analizar la situación y poner en marcha una alternativa política.