El conflicto por el convenio y la puesta a flote del BAM enrarecen la previa al arranque de la negociación del plan
12 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Bajan aguas revueltas en el naval ferrolano, a las puertas de un trimestre que será crucial para el futuro de Navantia, ya que la dirección y los representantes de los trabajadores están obligados a negociar un plan para enderezar su rumbo. El conflicto abierto por el cumplimiento del tercer convenio colectivo, que provocó que los responsables de la factoría ferrolana pusieran a flote el pasado viernes el Buque de Acción Marítima (BAM) en un acto a puerta cerrada y con el barco sin completar, no ha hecho más que complicar el ambiente y hasta fomentar en cierta medida la desunión en el frente de la representación laboral. Pese a que los sindicatos CC. OO. (que ostenta la presidencia del comité de empresa), UGT y MAS eran partidarios de levantar el bloqueo a las medidas de presión contra la empresa y permitir llevar el último bloque a la grada para ensamblarlo en el buque y poder hacer una ceremonia de botadura al uso, la plantilla decidió en asamblea lo contrario, tal y como respaldaba la CIG.
El buque se puso a flote, con el consiguiente malestar en la Armada española, el cliente de Navantia en este programa, y entre los responsables de la empresa pública, pero las denominadas medidas de no colaboración de los trabajadores del astillero ferrolano con la dirección se mantienen. Esto se traduce, entre otros, en que impedirán que el bloque de la superestructura y el palo sean colocados en el barco, al menos hasta que las asimilaciones -los ascensos profesionales- que se dejaron de abonar en el anterior convenio, tumbado por el Tribunal Supremo, sean pagadas a los afectados.
Desbloqueo
Si bien durante un tiempo la ejecución de ese fallo no se hizo con celeridad, la llegada a las presidencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Navantia de Pilar Platero y de Esteban García Vilasánchez contribuyó a desbloquear el conflicto y comenzaron a abonarse los conceptos pendientes, a excepción de las asimilaciones. Pendiente del visto bueno definitivo del Ministerio de Hacienda -ya que como supone un incremento salarial choca con la ley de acompañamiento a los Presupuestos del Estado en cuanto guarda relación a la congelación en las empresas públicas-, el abono de este concepto ya se ha convertido en la china en el zapato de las relaciones entre los sindicatos y la empresa.
De hecho, ese mismo escenario de desencuentros provocó que las negociaciones del plan industrial -en el que se incluirá un programa de saneamiento financiero y de rejuvenecimiento de las plantillas, entre otros- se pospusieran el pasado julio. Javier Galán, presidente de la coordinadora de comités de Navantia, insiste en la necesidad del plan, «porque Navantia es la única empresa pública capaz de generar empleo» y la empresa tiene que cambiar. Por el momento, no hay fecha fijada para el arranque de las conversaciones que se prevén largas y correosas.