La Sareb frena al Concello el embargo de 34 viviendas de Ciudad Jardín

El juez reconoce la preferencia municipal por la deuda de la promotora de 1,1 millones de euros por impago de tasas e impuestos, pero el banco malo no subasta las casas


Ferrol

La deuda contraída con el Concello de Ferrol por el impago de tasas e impuestos por parte de la promotora Proyectos Ciudad Jardín, filial de Coinasa, ha propiciado que la institución municipal promoviera el embargo de 34 viviendas de la urbanización ubicada en O Boial. Pero ocurrió que cuando el ayuntamiento pretendía ejecutar dicho embargo, las viviendas que no se vendieron ya estaban en manos de la Sareb, el conocido como banco malo, que se hizo cargo de las promociones tóxicas de las desaparecidas cajas de ahorros.

En vista de la situación, el Concello de Ferrol, representado por el letrado Borja Silveira, del despacho Lama Abogados, se personó en el procedimiento de ejecución para hacer valer su preferencia de cobro, que le fue reconocida por el juzgado. Este hecho lo convierte en acreedor preferente de cobro, por lo que el primer dinero que se recaude por la venta de viviendas irá a parar a las arcas municipales, en compensación por las 34 viviendas que tenía embargadas.

Pero ocurre que la Sareb, que posee las hipotecas, aunque la propiedad sigue siendo de Coinasa, no saca a subastas las viviendas y no se prevé que lo vaya a hacer a corto plazo, por dos cuestiones concretas, porque tendría que reintegrar el dinero recaudado al Concello y porque, de momento, no es factible que haya compradores interesados.

Las 34 viviendas embargadas por el consistorio ferrolano no se ha concretado cuáles son, sino que la medida abarca a todos los inmuebles que no han sido vendidos y que están en manos de la Sareb.

El presente litigio parte de un procedimiento iniciado a raíz de que la promotora de Ciudad Jardín no hubiese abonado los impuestos y tasas correspondientes por la construcción de un centenar de viviendas en la zona de O Boial. Las deudas corresponden al impago del impuesto de construcción, al colector del río Inxerto, al 10% de aprovechamiento urbanístico y al Impuesto de Bienes Inmuebles. Todos ellos suman 961.243 euros que, unidos a los intereses legales generados, sitúan el importe de lo adeudado al Concello por la promotora de Ciudad Jardín en 1.100.000 euros.

La administración local había reclamado el pago de esa deuda, pero la promotora no respondió, motivo por el que se trabó el embargo de 34 casas que están sin vender, además de otra finca.

En febrero del 2013, Proyectos Ciudad Jardín presentó una demanda contra el Concello, en la que solicitaba que se anulasen las diligencias de embargo y se condenase a la institución municipal a pagar una indemnización, por no haber podido vender las casas sobre las que pesaba dicho embargo.

En junio del 2014, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol desestimó dicha demanda, bajo el argumento de que no era posible reconocer ningún derecho de indemnización a favor de la demandante, toda vez que esta no negaba la existencia de las deudas.

En respuesta a este fallo contrario a sus intereses, la promotora interpuso un recurso que nuevamente fue desestimado por el juzgado local y finalmente acabó, en apelación, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El TSXG cerró el litigio judicial el año pasado dando la razón al ayuntamiento

C.L.

El espaldarazo al litigio emprendido por el Concello de Ferrol llegó en mayo del 2016, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló a su favor, confirmando la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo de Ferrol y, consecuentemente, desestimando la apelación. De este modo se cerraba el procedimiento, ante la imposibilidad de más recursos.

En su sentencia, el alto tribunal gallego precisa que contra las diligencias de embargo solo serán admisibles los motivos de extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo o la suspensión del procedimiento de recaudación. En este caso no se aprecia ninguna de ellas, por lo que el recurso de apelación quedaba definitivamente desestimado.

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