De los 1.344 asuntos que ingresaron a lo largo del 2007 se pasó a 253 el año pasado
04 may 2017 . Actualizado a las 11:28 h.Las reclamaciones judiciales contra las administraciones públicas han experimentado un importante descenso a lo largo de los últimos años. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol recibe cada vez menos asuntos y así lo muestran las estadísticas anuales que publica el Consejo General del Poder Judicial.
Sin ir más lejos, en los tres últimos ejercicios hubo una reducción del 32,3 %, ya que de los 374 asuntos que ingresaron a lo largo del 2014 se pasó a 293 en 2015 y a 256 el año pasado.
La diferencia todavía es mucho mayor con respecto a ejercicios anteriores. De hecho, en el año 2007 se habían presentado un total de 1.344 demandas por la vía administrativa y en 2008 habían sido 689. Se trata de las cifras más abultadas de ingresos de asuntos que registró este juzgado y que fueron debidas, en el caso del 2007, a las cerca de 400 reclamaciones interpuestas por vecinos de Narón en contra de la aplicación de la tasa de saneamiento.
En cuanto a la elevada cifra del 2008, coincide con un período en el que se estimaban prácticamente todas las sanciones relacionadas con el tráfico.
Otro repunte, aunque de menor envergadura, se produjo en los años 2013 y 2014 -entraron 340 y 473 demandas, respectivamente- a causa de las reclamaciones de funcionarios públicos por la paga extraordinaria del 2012 que no les había sido abonada.
A día de hoy todos estos procedimientos de colectivos concretos ya están resueltos y en el día a día se nota el descenso de ingresos, por cuestiones relacionadas con la casi nula actividad urbanística de los últimos años y por el efecto derivado de la implantación de las tasas judiciales, que, si bien ya no están operativas desde diciembre del 2015, mucha gente lo desconoce.
También influyeron, aunque en menor medida, otras cuestiones como el hecho de que en la actualidad ya casi no quedan discotecas. Estos locales, junto con los pubs, generaban un importante número de reclamaciones de los propietarios contra las sanciones impuestas por los respectivos concellos por ruido excesivo o por no respetar los horarios de cierre legalmente establecidos.
En los casos de tráfico, el hecho de que las multas se queden reducidas a la mitad por pronto pago también ha influido en la bajada de las demandas por la vía contencioso administrativa.