El gobierno de Jorge Suárez, en minoría, se ve abocado a buscar acuerdos en toda la oposición
01 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Si los presupuestos son el documento que marca las políticas de cualquier gobierno, el de Ferrol lleva 19 meses regido por el guión económico aprobado por su antecesor, el PP, y sin cuantificar las partidas con las que tendrá que financiar su anunciado objetivo de giro a la izquierda. Hoy se cumplen 600 días del desembarco en el consistorio de Ferrol en Común (FeC), que asumió las riendas del gobierno municipal de la mano del PSOE, del que se desprendió a finales de septiembre del año pasado, y con el apoyo del BNG, que nunca aceptó formar parte de un hipotético tripartito. Seiscientos días de atasco en el gobierno, por múltiples motivos.
La ruptura de la coalición de gobierno de FeC y PSOE era algo presagiado por muchos desde el comienzo y el alcalde ya reconoció públicamente la existencia de fricciones en el balance de los cien primeros días del ejecutivo local, si bien desmentía cualquier amago de ruptura y bromeaba señalando que, «pese a quen lle pese, a non ser que haxa unha intervención militar, imos estar estes catro anos actuando conxuntamente».
Sin embargo, durante los meses siguientes las fricciones fueron a más y la ruptura llegó justo el día después de las elecciones autonómicas, en septiembre del 2016. Jorge Suárez se saltó la petición de Sestayo cursada días antes de los comicios de que cesara a la concejala de Urbanismo y miembro del grupo socialista, María Fernández Lemos, y respondió de forma contundente. Decretó el cese fulminante en las competencias que tenía delegadas la que hasta entonces había sido la primera teniente de alcalde, Beatriz Sestayo, y de sus compañeros socialistas Bruno Díaz y Germán Costoya, con los que los socios de gobierno dieron por roto el bipartito.
Guerra abierta
El pacto antitransfuguismo. La permanencia de las dos concejalas que concurrieron a las elecciones en la lista del PSOE en el seno del gobierno ferrolano derivó en un debate con constantes descalificaciones. Rosa Méndez, militante socialista -Fernández Lemos concurrió como independiente- pidió la intervención del partido y Sestayo, con el respaldo de la ejecutiva local, solicitó la aplicación del pacto antitransfuguismo, apelando a que Esquerda Unida, formación integrada en el grupo del alcalde, también fue firmante del citado acuerdo entre partidos. Las descalificaciones llegaron a ser de tal magnitud que Jorge Suárez incluso llegó a comparar la postura de los socialistas locales con la mafia italiana.
consecuencias
Un gobierno bajo mínimos. La inmediata consecuencia de la ruptura del pacto fue que el gobierno de Ferrol quedó íntegramente en manos de FeC, con el apoyo de las concejalas María Fernández Lemos y Rosa Méndez, que, acto seguido fueron expulsadas del grupo municipal socialista y, en el caso de Rosa Méndez, tuvo el resultado posterior de su expulsión temporal del partido por parte de la gestora de Ferraz. Con un equipo de seis más dos, frente a los 25 concejales que conforman la corporación, Jorge Suárez tuvo que recurrir al Partido Popular para sacar adelante una modificación de créditos para atender pagos urgentes a pequeñas empresas e incluso al personal municipal. La abstención de los populares que permitió dicha aprobación tuvo sus consecuencias, porque obligó al gobierno de Suárez a retirar algunas partidas, como las inversiones previstas en FIMO y la implantación de coworking en Porta Nova, además de reducir de 22.000 a 5.000 euros los fondos destinados a Muller, que antes de la ruptura ostentaba Sestayo.
Otras huidas
Tres dimisiones en el gobierno bipartito. Antes de la ruptura del pacto ya se habían producido otras tres dimisiones en los dos grupos que integraban el gobierno municipal. La primera fue la concejala de Podemos María Teresa Riveira, que se marchó en diciembre del 2015, un mes después de que un grupo de miembros de la corriente en la que militaba le hubiese pedido que dejase el cargo. En abril del 2016 hicieron lo propio los números dos de FeC y del PSOE, Eugenia Freire y Felipe Sas. En ambos casos alegaron razones laborales, pero su marcha puso de manifiesto que las discrepancias no estaban únicamente entre los dos socios de gobierno, sino también en el seno de las respectivas formaciones, acrecentando así la inestabilidad política de la coalición que lideraba el Concello de Ferrol.
Escenario actual
El papel del BNG. El grupo municipal del BNG, integrado por dos concejales y definido por el alcalde como «o noso aliado natural», estuvo casi siempre que el gobierno lo necesitó, pero desde el primer momento rechazó entrar a formar parte del mismo. Las diferencias de los nacionalistas con la política que está siguiendo el equipo de Jorge Suárez se hicieron patentes en varias cuestiones, siendo la más reciente la relacionada con el ámbito del saneamiento. En el último pleno resultó rechazada una moción del BNG en la que se proponía anular el convenio suscrito con Acuaes para la puesta en marcha de la depuración de la ría, bajo los argumentos de que los ferrolanos no tienen por qué pagar unas infraestructuras que, a la vez, no son las adecuadas, porque no contemplan redes separativas de aguas pluviales y residuales. Estas diferencias pueden lastrar el esperado apoyo para la aprobación de los presupuestos mujnicipales. El alcalde ya anunció hace meses que, en el caso de no obtener respaldo, se someterá a una moción de confianza. Beatriz Sestayo, por su parte, supedita el apoyo de los tres concejales socialistas al documento presupuestario al cumplimiento de los 75 puntos que se habían acordado al inicio del presente mandato.