La prostitución en pisos de Ferrol mueve más de tres millones de euros al año

Las inspecciones policiales propiciaron que las mujeres de los clubes tengan contratos


Ferrol

El negocio de la prostitución es uno de los más lucrativos a nivel mundial, solo por debajo del de las drogas, pero muy por encima del tráfico de armas. En la comarca de Ferrol se concentra en doce clubes de alterne -Noray, Talismán, Jade y La Ría, en Ferrol; Eros y Queens, en Narón; Dolce Vita, en Neda; Mayra, en Pontedeume; Rebeca y Big Ben, en Cedeira; y Klass y New Paradise, en As Pontes- y en una treintena de pisos, localizados en su mayoría en el barrio de Ultramar, aunque también hay alguno en Narón, Neda y Pontedeume.

Según la información recabada por La Voz, solo en los pisos en los que se ejerce la prostitución en Ferrol se mueven al año más de tres millones de euros. En ellos trabajan las 24 horas del día un centenar de mujeres, en la práctica totalidad extranjeras y al menos la mitad en situación ilegal en España.

Las inspecciones que realiza habitualmente la Policía, en ocasiones en compañía la Inspección de Traballo, han propiciado que en los clubes de alterne la situación se haya regularizado. En estos locales hay dos clases de trabajadoras: las camareras de alterne, que son las que incitan a los clientes a consumir bebidas alcohólicas por las que ellas se llevan una comisión, y las que ejercen la prostitución, una actividad alegal contra la que no se puede actuar si no hay una denuncia de la interesada.

Multas

La presión policial que se ejerce en los clubes consiste en la imposición de sanciones, que van desde los 3.000 euros en el caso de las mujeres que están en situación legal en España hasta los 10.000 en los casos en los que son ilegales. Las multas se imponen por cada una de las mujeres que están trabajando en el momento de la inspección y no figuran de alta en la Seguridad Social.

La respuesta de los dueños de los negocios ha sido que, en la actualidad, la práctica totalidad de ellas tienen contrato como camareras de alterne, actividad que sí está regularizada.

Pero en los pisos la situación es distinta y la Policía solo puede intervenir si alguna de las mujeres denuncia, hecho que no suele ocurrir porque muchas están en situación ilegal o forzadas. En las treinta viviendas de este tipo de las que se tiene conocimiento en Ferrol trabajan un centenar de mujeres de diferentes procedencias y en situación de vulnerabilidad. Entre ellas hay muchas sudamericanas que ya han conseguido la nacionalización, principalmente dominicanas, colombianas y brasileñas, pero también hay ilegales de Nigeria, Rumanía, Bulgaria, China e incluso alguna rusa.

La mayoría de ellas entraron en España como turistas, introducidas por mafias que operan en sus países de origen y con las que contraen importantes deudas, que en el caso de las nigerianas pueden alcanzar los 50.000 euros, 10.000 en el de las chinas, de 10.000 a 15.000 en las de los países del este, y entre 6.000 y 8.000 las sudamericanas. Esos mismos grupos organizados mantienen contactos con los de aquí, que son los que se hacen cargo de las mujeres cuando llegan a España y los que regentan las casas de citas, por las que las van moviendo con una periodicidad de quince días o un mes.

Deudas

La obligación de hacer frente a esas supuestas deudas es la que motiva que las mujeres no puedan salir de la explotación sexual a la que son sometidas, ya que en el caso de impago las presionan con causarles daño a sus familias o incluso les practican vudú, en el caso de las nigerianas. Se trata, casi siempre, de personas muy vulnerables que venían con otras pretensiones laborales, a las que les cuesta reconocer que están siendo explotadas y que viven con temor, tanto por su situación irregular en España como por las posibles represalias a sus familiares.

La prostitución en las viviendas tiene dos modalidades: los pisos pasarela, en los que el cliente elige entre varias mujeres; y los de contacto, en los que cada una tiene asignado un teléfono que le obligan a tener operativo las 24 horas del día. Los clientes llaman y se les indica la calle y el número de la vivienda pero no el piso, para que no timbren, por lo que al llegar tienen que repetir la llamada para que les abran la puerta.

Las tarifas que se cobran por este tipo de servicios van desde los 50 euros por veinte minutos a los 90 euros por una hora, mientras que las salidas se cobran a 120 euros.

El mayor porcentaje es para las organizaciones, y de la parte destinada a las mujeres se detraen el abono de la deuda y los gastos de alojamiento.

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