La polémica surgió por la declaración de un perito de Aduanas que no se aceptaba
10 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La jueza de lo Penal 1 de Ferrol dejó vista para sentencia ayer la causa que se sigue contra dos hijos del empresario leonés ya fallecido José Martínez Núñez y otros dos directivos de la ya desaparecida Gallega de Molienda por un supuesto delito de contrabando. Se les responsabiliza de introducir clínker por el puerto de Ferrol con destino a la citada planta, que estaba ubicada en Coirós, sin pagar los oportunos aranceles y el IVA, con lo que habrían adquirido una deuda tributaria de 3.315.224 euros.
Tras dos días de juicio, en los que fueron interrogados los cuatro acusados y los agentes que intervinieron en la operación policial, ayer le tocó el turno a un responsable de la Administración Aduanera que fue el que elaboró la denuncia y estaba citado en calidad de perito. La condición de perito fue la que precisamente desató la polémica al inicio de la vista de ayer.
El abogado del hijo de Martínez Núñez lo recusó, señalando que ni era perito, ni había realizado ningún informe pericial que tuviese que explicar, sino que se trataba de la persona que formalizó la denuncia contra los cuatro acusados, por lo que entendía que su intervención en el juicio tendría que ser como testigo y que, de no ser así, ya anunciaba que pediría la nulidad de la prueba por vulneración del derecho de defensa.
Los abogados de los otros tres acusados se adhirieron a su planteamiento, pero la Fiscalía y la abogada del Estado se opusieron. Finalmente la jueza no admitió la recusación, por lo que el funcionario de Aduanas declaró como perito, exponiendo todo el trabajo de investigación realizado hasta concluir que se había cometido un delito de contrabando con la importación del clínker para la fábrica de Martínez Núñez en Coirós. En esta línea, manifestó que la empresa había retirado del depósito aduanero del puerto de Ferrol el material que había sido transportado en 25 buques, alrededor de 357.000 toneladas, sin autorización y sin pagar los aranceles y el IVA.
Acusados
A la conclusión de que quienes manejaban los hilos de la operación eran los cuatro acusados se ha llegado, según dijo, por la documentación intervenida a la empresa y por las declaraciones de varias personas. «Todos dijeron que el padre iniciaba las relaciones comerciales, pero los cobros y pagos de facturas, así como la retirada de mercancía la ordenaban los hijos», dijo, añadiendo que también había pruebas de la intervención de los otros dos acusados.
El primer día del juicio, los hijos de empresario habían declarado que era su padre el que llevaba la gestión de la empresa, junto con Ramón Blanco Balín, imputado en la trama Gürtel.
La Fiscalía solicita penas de un año y nueve meses de prisión en el caso de los hijos y uno de los directivos, y cinco meses para el otro. Se pide, asimismo, que entre todos indemnicen a la hacienda pública con los 3,3 millones de euros supuestamente defraudados.