Juzgados en la ciudad los dos hijos del empresario leonés Martínez Núñez por un delito de contrabando
08 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El nombre de Ramón Blanco Balín, asesor de Francisco Correa e investigado en la trama Gürtel de supuestos sobornos a políticos del PP, salió a relucir ayer en varias ocasiones en un juicio que se celebra en Ferrol por un presunto delito de contrabando de clínker del que se responsabiliza a cuatro responsables de la empresa Gallega de Molienda, de Coirós. Lo apuntaron repetidamente dos de los acusados, José Luis y María Isabel Martínez Parra, hijos del ya fallecido empresario leonés José Martínez Núñez, que en su día también se vio implicado en un caso judicial de gran alcance mediático, ya que fue juzgado por una presunta conspiración para matar al conselleiro de la Xunta José Cuíña durante el mandato de Fraga, si bien finalmente quedó absuelto porque el juez consideró que la acusación contra él era «incongruente» y «no muy aceptable».
Los dos hijos de Martínez Núñez declararon ante la jueza de lo Penal de Ferrol que, a pesar de que ellos tenían avales para firmar determinadas cuestiones, quien llevaba directamente el grupo empresarial y tomaba todas las decisiones era su padre, y que en el caso concreto de las importaciones las gestiones eran asumidas por Blanco Balín.
Junto a ellos se sientan en el banquillo de los acusados otros dos directivos de Gallega de Molienda de Clínker, Juan José Pérez Sanmarco -se acogió al derecho a no declarar- y Fernando Fernández Fernández.
La acusación pública solicita para los tres primeros penas de un año y nueve meses de prisión y multas de 59.000 euros, mientras que para Fernández Fernández pide cinco meses de cárcel y 29.000 euros de multa. En el caso de ser condenados en los términos establecidos por el Ministerio Fiscal, entre los cuatro tendrán que indemnizar a Hacienda con 3,3 millones de euros, que es el importe de lo supuestamente defraudado entre tasas de importación e IVA.
Los hechos a los que se refiere el juicio iniciado ayer y que tendrá continuidad hoy y mañana se refieren al trasiego de clínker por el puerto de Ferrol con destino a la cementera de Coirós sin pagar los correspondientes aranceles.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía los acusa de haber introducido mercancía por valor de 26.076.538 euros.
La materia prima la adquirían en países extracomunitarios, principalmente China y Turquía, y era transportada por vía marítima hasta el puerto exterior de Ferrol. En enero de 2008, la firma empresarial consiguió autorización para un depósito aduanero privado en el que almacenar el clínker, que se utilizó por primera vez en marzo de ese mismo año. Este tipo de depósitos constituyen un régimen aduanero suspensivo, creando la ficción de que la mercancía no ha entrado en espacio comunitario, lo que permite el almacenamiento sin pagar ninguno de los tributos que gravan la entrada de mercancía en la Unión Europea. Los pagos en cuestión tienen que realizarse cuando el material sale del almacén para ser comercializado, pero, supuestamente, en este caso no se hizo.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el primer barco llegó en septiembre de 2007 y hasta el 7 de mayo de 2010, la empresa retiró el clínker a medida que lo iba necesitando, sin la previa autorización de levante de la citada mercancía, al no haber abonado ni garantizado las sumas que le corresponderían por los aranceles.
En la investigación se incluyó también al fundador, Martínez Núñez, pero, a pesar de que cuando se formuló la acusación aún estaba vivo, se optó por no proseguir la causa frente a él debido a su mal estado de salud y se dedujo testimonio de archivo provisional «entretanto no recobre la salud».