El Concello de Ferrol compite con el Sareb por el embargo

La Voz

FERROL CIUDAD

05 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimando la demanda de Proyectos Ciudad Jardín contra la anotación de embargo del Concello de las 34 viviendas de la urbanización de O Boial no vendidas ha sido valorada de forma positiva por el alcalde, Jorge Suárez. En esta línea, el regidor ferrolano señaló que, con este fallo, contra el que no cabe recurso alguno, «la especulación de Coinasa tiene justicia». A expensas de mantener una reunión con la asesoría jurídica del Ayuntamiento -el gabinete Lama y Asociaciones- para estudiar los pasos a seguir, Jorge Suárez avanzó que, en el supuesto de que el embargo salga adelante, el gobierno les buscará «un destino social, para que las disfruten las personas, porque el Concello ya tiene demasiado patrimonio para cuidar».

El embargo en cuestión es consecuencia del impago, por parte de Proyectos Ciudad Jardín, de los impuestos y tasas correspondientes a la urbanización. Se trata de una montante que supera los 1.100.000 de euros, del que 961.000 euros corresponde a la deuda principal y el resto a intereses.

Pero el Concello de Ferrol no está solo en este embargo, porque esa promoción de viviendas está hipotecada por Abanca por un importe que alcanza los 8.681.597 euros, al que hay que sumar otros dos millones de intereses. La deuda fue derivada en su día por la entidad a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como «banco malo».

El Sareb inició el procedimiento de ejecución de las hipotecas a finales del pasado año y la representación letrada del Concello ferrolano se personó en el mismo. La causa está en curso y ahora, con el respaldo de la sentencia del TSXG, en la que se reconoce la existencia de la deuda de Ciudad Jardín, la institución municipal tiene la posibilidad de hacer prevalecer su preferencia de cobro sobre la entidad bancaria, como establece la normativa aplicable al procedimiento.

A este respecto, y según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, en los supuestos de varios acreedores tienen preferencia en el cobro sobre los bancos las deudas correspondientes a impuestos y tasas. En este caso, el Concello podría resarcirse de la deuda correspondiente al Impuesto de Construcción, que asciende a 168.916 euros, y de los 88.434 derivados del Impuesto de Bienes Inmuebles. Lo que no podría cobrar con preferencia serían los casi 60.000 euros del colector del río Inxerto, mientras que los 664.000 euros correspondientes al 10 % del aprovechamiento urbanístico la cuestión es bastante discutible.

En el supuesto de que se le reconozca a la institución municipal esa preferencia en el cobro ante el Sareb, el Concello podría sacar a subasta las 34 viviendas, quedarse con lo que correspondiese y entregar el resto a la sociedad de gestión de los activos financieros.