¿No sanear la ría es delito?


El sector marisquero ha recibido esta semana un duro golpe. Uno más de tantos. Ante todo, a la justicia hay que dejarla actuar. El miércoles la Guardia Civil sorprendía con un profundo registro en la sede de la cofradía de Barallobre, que junto con Ferrol y Mugardos explotan la ría de Ferrol, una de las más productivas de Galicia pero también de las más contaminadas, lo que dificulta mucho el trabajo que realiza el sector. Como resultado de este operativo salieron detenidos cuatro miembros del pósito, entre ellos el patrón mayor. Quedaron en libertad con cargos y se les acusa de delitos de falsedad documental, contra la salud pública y Hacienda.

¿Cómo se faena en una ría como la de Ferrol que no tiene un sistema de depuración, lo que quiere decir que todos los residuos que generan los municipios de la ría se vierten al mar sin ser tratados antes? Pues de una manera complicada, y que depende de los continuos análisis que realiza la Consellería do Mar, y que en función de los mismos, permiten a los productores de la ría poder faenar o no.

Se dan situaciones que, desde fuera, son difíciles de entender como que en un mismo banco marisquero como el de As Pías, una zona sea declarada zona B y sí se pueda extraer marisco, y otra a solo unos metros sea Zona C, es decir con altos niveles de contaminación, y no se pueda faenar. Y que unos meses más adelante, esa misma zona quede abierta al marisqueo y unos días después se vuelva a cerrar porque los análisis arrojen resultados negativos.

Este registro de la Guardia Civil se produce justo cuando los socios de ambas cofradías, la de Ferrol y Barallobre, llevaban meses demandando de forma urgente una alternativa para poder paralizar la actividad extractiva en As Pías. Precisamente porque denuncian que la única zona apta ahora mismo para el marisqueo es demasiado pequeña para los doscientos socios de la ría, lo que, a juicio del sector, está provocando una esquilmación del banco.

La Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales establece un marco comunitario que determina la obligatoriedad de depurar las aguas residuales procedentes de las aglomeraciones urbanas de tamaño superior a 2.000 habitantes equivalentes.

Parece que nadie en Ferrol se ha leído esta normativa, porque después de casi treinta años desde que se colocaron las primeras canalizaciones en la avenida de Esteiro, la obra del saneamiento de la ría no ha terminado. Las consecuencias de este incumplimiento repercuten directamente en un sector que depende a diario de analíticas para saber si podrá trabajar y dónde. ¿No tener depurada una ría no es delito?

Por Antía Urgorri crÓNICA

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