El pleno aprueba por unanimidad rebajar el recibo por la crisis del agua

FERROL CIUDAD

Gobierno local y PP cruzaron acusaciones sobre la gestión

30 jul 2015 . Actualizado a las 14:29 h.

El pleno de Ferrol aprobó esta mañana por unanimidad aplicar descuentos en el recibo del agua tras la restricción sufrida durante cuatro días por los vecinos, que no pudieron utilizar el abastecimiento de la traída para su consumo por la presencia de elevados niveles de trihalometanos. Fue solo uno de los nueve puntos relacionados con la crisis que se votaron de la moción presentada por el BNG, de la que también recibió unanimidad realizar una auditoría para determinar el estado de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, la convocatoria de una reunión de la Mancomunidad para abrir el debate para mancomunar la gestión del agua y constituir una comisión de investigación para aclarar lo sucedido.

También se aprobó la iniciativa presentada por Ferrol en Común para la integración del Concello en la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Y todo, en medio de un duro cruce de acusaciones entre el gobierno local, que reprochó a la Xunta y al PP su actuación durante esos días, y los populares, que aseguró que hubo un «fallo en la cadena de comunicación».

El ejecutivo ferrolano consiguió sacar adelante su propuesta de asesores, con la eliminación del requisito del nivel formativo y la descripción de funciones en una relación de puestos de trabajo del personal eventual. Intentó lograr el consenso convocando un receso, pero el PP -aunque participó en él- ya avanzaba que no apoyaría la propuesta, a la que también se opuso Ciudadanos. Pero el apoyo del BNG sirvió a Ferrol en Común y al PSOE para oficializar los cinco puestos ya aprobados en el pleno de principios de mes: jefe de gabinete de Alcaldía, jefe de gabinete de Comunicación, redactor del gabinete de Comunicación, gerente de Urbanismo y asesor jurídico de Urbanismo. 

En el pleno también se dio a conocer, a preguntas del PP, la supresión de las visitas turísticas al Palacio de Capitanía. Y además, que será necesario demoler la fachada del edificio desalojado la pasada semana en la calle Sánchez Calviño, que permanece cerrada al tráfico desde hace días.