La angustia generada por los fallos del remolcador Ría de Vigo, en el rescate del buque Abis Calais, cuando el pasado 29 de enero estuvo a punto de embarrancar en los acantilados de Ferrol, vuelve a abrir el debate sobre nuestro modelo de salvamento marítimo, cuyo fin primordial ha de ser salvar vidas, rescatar bienes y preservar el medio ambiente marítimo-terrestre. Sin embargo, esa finalidad parece estar supeditada a determinados intereses económicos que han dejado huella en la embarrancada asistida del Cason, en el caso del gasero argelino Ramdane Abane, que sembró el pánico en Muxía (año 2001), o el más reciente del Prestige, propio en toda su extensión de un país tercermundista.
El propio Gobierno popular acaba de publicar, con buen criterio, un decreto de ley tratando de garantizar el futuro de Sasemar, cuyos costes reales se financian en un 95 % con fondos públicos. En otras palabras, el sostenimiento del sistema público español de Salvamento es soportado básicamente con los impuestos de los ciudadanos. Siendo esto así, cómo explicar que cuando se produce un accidente cerca de nuestras costas el sistema público ha de ceder los cuantiosos ingresos que genera el salvamento de un buque y su carga a una empresa privada, cuyos métodos y resultados presentan demasiados agujeros negros.
¿Se trata de privatizar los beneficios seguros y socializar las pérdidas? Cuando se produce una llamada de socorro o la demanda de remolque de un barco en apuros, es Sasemar, en términos generales, la principal receptora de la misma, y por tanto la que decide si interviene o cede el servicio a empresas privadas, que generalmente y sin que se conozcan las razones, suele ser la misma.
Parece ser que en el caso de que se trate de un barco con mercancías peligrosas a bordo: productos químicos, explosivos, hidrocarburos... Sasemar se reserva la operación, en otro caso, la cede a la empresa privada. Criterio que parece absurdo, ya que un gran crucero o un bulk carrier, por ejemplo, pueden transportar tantas o más toneladas de combustibles y aceites que un pequeño buque dedicado exclusivamente a hidrocarburos.
Negocio y riesgo. A estas alturas no hay razones que justifiquen que un barco se vaya a las piedras ante la inoperancia de un remolcador expectante de negociar el mejor precio de remolque. Esa, de producirse, es una actitud incalificable. Lo que procede es salvar las vidas y la situación de riesgo y luego será un arbitraje (generalmente, internacional) el que dirima el premio justo.
Un lamentable espectáculo en tiempo real. Con la tecnología disponible, cualquier ciudadano puede seguir en la pantalla del ordenador la trayectoria del barco derivando hacia a la costa o la de los remolcadores operando en su entorno. Quienes seguimos en directo lo ocurrido con el Abis Calais, no pudimos evitar el recuerdo del Prestige y del mismo Ría de Vigo. Un recuerdo que jamás podrá borrar una sentencia.
Un sistema público y eficaz de Salvamento. España y en especial Galicia requieren un sistema público y eficaz de salvamento, no un sistema que arruine las arcas del Estado mientras determinados intereses privados se enriquecen e incrementan el riesgo de mareas negras.
Transparencia y protocolos claros. La transparencia sigue siendo una asignatura pendiente e imprescindible para nuestra recuperación económica. Es necesario establecer protocolos de actuación que prioricen la defensa de las vidas, de los bienes y del medio ambiente y, por lo tanto, el interés general. Los negocios públicos o privados nunca deben justificar determinados actos de temeridad cuyas consecuencias terminan por recaer sobre los contribuyentes. Los grandes piratas de la historia siempre operaron desde tierra.
Reconocimiento a quienes hacen posible el salvamento marítimo.Y por último, permítanme expresar mi reconocimiento y gratitud a quienes exponen su vida desde tierra, el aire o la mar para hacer realidad algo tan digno y gratificante como lo es el salvamento.
José Antonio Madiedo Acosta es ex director general de la Marina Mercante.